Parece que esta iniciativa de poseer un documento que permita
cazar en todo o en parte el territorio
del estado español se consolida.
La comunidad asturiana está en trámites de unirse a este proyecto integrador. De
llevarse a efecto, supondría un paso importante; una ayuda estimada por los
cazadores, pues ello significa la eliminación de barreras burocráticas a todo
aficionado a este ejercicio interesado
en la tenencia de esta carta acreditativa.
Hecha la salvedad de la importancia de su reconocimiento, se debe entrar en otras
materias de orden socio-económico por las derivas de su posible afectación en
sectores industriales y del medio rural. Personalmente no creo que la licencia
de caza expedida con estas características, sea por sí misma, tal y como se
asegura, un elemento dinamizador que
active el turismo cinegético en nuestra comunidad. Podría tratarse de un acto
de voluntarismo de quien así se expresa.
La caza en los últimos diez años en España ha perdido
efectivos del orden de un 40%, una tendencia que no hace más que acentuarse.
Esta decadencia se proyecta en sus filas desde el signo de su envejecimiento;
no hay relevo generacional y la crisis económica ha golpeado con fuerza. Por
tanto, son reducidas las posibilidades
para que la actividad venatoria recupere su pasado dinámico. En ese trance de
abandono, Asturias no está ajena. Corren, en torno a la caza en general, tiempos nada propicios y por eso me parece
poco acertado expandir expectativas que, quizás, no se ajustan a una realidad objetiva. En estos
momentos no hay motivos para creer en la
esperanza.
Soy escéptico en la labor
de creerme que la situación actual
en cuanto a trámites, precios,
exigencias que se dan en el Principado para la obtención de este carnet, sirva
de causalidad que bloquee el acceso a Asturias de cazadores de otras regiones,
y tenga especial significado cuantitativo en su trascendencia. Hay razones
evidentes, según mi criterio, que no concuerdan con esta afirmación. España,
sin ningún tipo de exclusión territorial, excepción hecha de zonas clasificadas
como protegidas o de seguridad, en donde no está autorizada la caza, es un
enorme cazadero con multiplicidad de modalidades, de cuantiosas oportunidades para
aficionados lugareños o residentes cercanos a sus terrenos de caza, sin necesidad de efectuar desplazamientos
innecesarios, fuera del lugar de residencia.
No es la caza, ni lo ha sido en Asturias, algo que haya promovido
el Gobierno del Principado, a diferencia
de otras comunidades que si lo han hecho, como un bien socio-económico
atrayente. No se registran en los anales campañas divulgadoras, ni actos
explícitos en este sentido, que
acrediten una voluntad firme de apostar por una mayor profusión de la actividad
cinegética en esta comunidad. El agravio comparativo existe: es sintomático. La
falta de apoyo técnico y material del principal actor a estas concurrencias, veda
la promoción directa de la caza asturiana más allá de sus límites
territoriales.
Es un hecho que la
Consejería viene disponiendo, desde hace tiempo, de un cuantioso excedente cupo
de permisos de caza, es de suponer no adjudicado en su tiempo por falta de
demanda, para las Reservas de su gestión
y ordenamiento, todo un síntoma esclarecedor que certifica la falta de
interpretación positiva de una actividad económica.
En cuanto a nuestras Reservas de Caza, no porque haya una
licencia pluri-autonómica, signifique mayor actividad. En estas áreas tan sumamente
especiales, espacios naturales inviolables, bastiones del ecologismo, en donde cohabitan especies protegidas, antaño
en vías de extinción hoy felizmente recuperadas en gran parte algunas, cada
día colonizando mayores asentamientos,
cuyos mayores exponentes son el Oso, Lobo y Urogallo, no concurrirán aspectos
de aprovechamientos cuantitativos superiores a los actuales, siempre y cuando
la densidad de especies declaradas cinegéticas, objeto de lances, figuren en
extremos de sostenibilidad semejantes a los vigentes. Un superior nivel
poblacional de estos recursos naturales renovables que son las especies
cinegéticas, en aras de proyectar una futura mayor extracción, por deferencia
hacia el sector turístico, pudiera ser
la causa que produzca un efecto negativo
en la convivencia y afectación en la salubridad de este tipo de fauna.
Otra cuestión es la referida a la caza menor. No es Asturias tierra de promisión
en estas lides. Carece de resortes atractivos que actúen como efecto llamada,
puesto que vive condicionada a la influencia de una corriente migratoria de aves que nos llega en
otoño con los fríos polares, en mayor o menor densidad, desde sus zonas de cría a las de invernada,
máxime si tenemos en cuenta que en las Reservas, la caza menor se limita a la
concesión por la administración regional de un exiguo cupo de permisos para la
Arcea, lo que hace su ejercicio prácticamente inexistente. Si nos atenemos a la
caza menor que se realiza en los cotos sociales se encuentra sumamente ajustada
a las expectativas de sus bases
Por tanto, con estas premisas y otras que harían extenso
este relato; así las cosas, mucho
tendrían que cambiar, quizás a través de la iniciativa privada, posicionada
como agente principal que propugna el cambio y aboga por
la descomposición de un sistema.
