La
reivindicación del llamado derecho a cazar, supone solventar graves
escollos de comprensión y reconocimiento. Porque
se ha convertido en
habitual ponerle
objeciones y desmitificarla la
actividad cinegetica
con declaraciones de
boicot, como sucede,
para
querer reducirla de tamaño o eliminarla.
En las actuales circunstancias que viene soportando
el sector traducidas a una presión social muy elevada, en
ocasiones brutal, que
no tenía antes, requiere
de enmendar sin fisuras
el carácter de una disposición institucional que por ahora
solamente ofrece la
metodología del silencio sobre lo que supone la caza asturiana y
todo lo relacionado con ella para
el conjunto de la ciudadanía del Principado.
De
la posición
de los representantes públicos asturianos,
que
no se sacuden la
indiferencia,
vanas esperanzas de
protección y fomento de la caza nos ofrecen. Todo esto se deduce de
una inexistente declaración de principios, como
una certeza incuestionable,
sobre cualquier aspecto positivo que pudiera darse sobre la caza y la
practica de su buen
ejercicio. No hallamos
los cazadores asturianos en
los foros de la política regional declaraciones pragmáticas
con suficiente empeño,
ni de otra forma, en
contravenir con hechos
reales y
destacar la función
social y ambiental que
venimos realizando los cazadores asturianos.
Por
tanto, para la caza es muy necesario corregir esta deriva. Para
los cazadores de aquí, es muy necesaria la identificación y
defensa del ejecutivo
regional. Seguir
actuando como si nada estuviera sucediendo no es una posición
responsable y leal.
