Alentado supuestamente desde la administración ¿Se está sustituyendo en parte la acción de cazar, el ejercicio normalizado de la práctica venatoria a través de su ética funcional, por un aprovechamiento de especies cinegéticas y protegidas, que se presume sea inadecuado, inoportuno e irracional?
Digo inadecuado, porque la labor de regular la caza en nuestra tierra asturiana, de amparar y fomentar el equilibrio sostenible de la fauna cinegética y aquella otra de notoria sensibilidad, dada su clasificación de especial condición, objeto de ser tenida en cuenta por su estado excepcional en cuanto a una densidad poblacional cuantitativa, corresponde resolver, parece lógico que así sea, de forma exclusiva, por el colectivo de cazadores desde los conocimientos, experiencia en él trato y medios materiales de que dispone.
Digo inoportuno, por no guardar las pautas y las formas que se requiere. Pautas que exigen del respeto en épocas de “parideras” y cría -me refiero al jabalí-en los lugares donde se producen las extracciones, cuyos ejecutores no son los apropiados, por los medios y las formas que emplean, a la par que de una posible dudosa legalidad que, dicho sea de paso, a los cazadores siempre nos obligan a respetar, bajo el peso de una ley de Caza de Asturias excesiva y sumamente exigente en su exhaustivo cumplimiento, en contraposición con lo que se puede observar sucede en la actualidad, con todo tipo de dislates nocturnos y alevosos, nada que ver con la caza y su buen ejercicio.
Digo irracional, porque un cuerpo de profesionales adscritos al medio ambiente, tal vez consentidos, cuya misión debe de estar encaminada en su horario laboral a la realización de trabajos más loables, referido a un servicio de vigilancia más eficaz, que tenga incidencia positiva en el control y la protección de la caza a su cargo y no a los que por obligación inducida les imponen y no les corresponde efectuar produciendo distracción de su cometido real, que es para lo que estan y se les paga (incluídas las dietas y gastos de desplazamientos que ocasionan estos actos, nada edificantes). Un coste, evitable a todas luces, si dejan en manos de los cazadores el darle el tratamiento debido. incluso de ser así, con cierta rentabilidad para las arcas del Principado.
No es de recibo, que un cazador que quiera ejercer su afición, soporte como premisa imprescindible, efectuar un fuerte desembolso económico para proveerse de los elementos necesarios para esta actividad, amén de licencias, seguros, tarjetas federativas y un largo etc. se vea sustituido en la práctica por un gremio de vigilantes que desde instancias superiores, de quienes dependen, posiblemente son requeridos para suplantar, con cierta asiduidad, la personalidad del cazador cuando de sus acciones de caza se trata.
Por todo lo cual, cabe reafirmarse una vez más en estas creencias, mostrando discrepancias absolutas, sobre un procedimiento que no se entiende, sobre todo, de manera especial por sus visos de oscurantismo y aparente perpetración irregular, está dando mucho que hablar -nada bueno sobre sus mentores-, en el ambiente cinegético en particular y por la ciudadanía en general.
No cabe duda, graduar la caza –un recurso natural- hacia parámetros de un equilibrio demográfico, es de exclusiva competencia de los cazadores, pero parece que este derecho legitimo que nos asiste, incomprensiblemente, lo tenemos denegado en esta Comunidad.