Luces rojas aquí, en nuestra comunidad, de advertencia y preocupación, sobre el estado general de las cosas en materia competencial de legislación cinegética. ¿Que nos deparara el futuro? La cuestión está directamente relacionada con el concepto de fondo sobre el tamaño y las necesidades de la caza en nuestra comunidad, y respuestas puntuales a su graduada decadencia, en evitación de la realidad de un posible síncope de las estructuras sociales que lo han venido sosteniendo. Es ahí, precisamente, donde se halla la clave de los problemas que padece y padecerá aún más el cazador asturiano de economía modesta (una inmensa mayoría) en un tiempo que se avecina próximo. Un sistema que rige en la actualidad, vetusto y decadente, necesitado de reformas en su ordenamiento y gestión (la caza no tiene que ser ventanilla única de pago a los damnificados por los perjuicios que las especies cinegéticas producen), llamado por necesidad a reforzar planteamientos más acordes con la realidad que se vive.
Con un ejecutivo (este y los que le precedieron; en eso, me temo, nada cambia; siguen el mismo “patrón”) que ejerce su función en cuanto a materia cinegética se refiere, a base de decretos leyes y de espaldas a la opinión pública, en claro desdén hacia a los cazadores, marcando como principio irrenunciable de su propio ser el territorio de sus dominios absolutistas, en el que no priman los valores consensuales que se requieren como muy necesarios de establecer, con un desuso tradicional de marcada inercia insustancial en la búsqueda de encuentros sobre programas nacidos y criados bajo la tutela y al amparo del pragmatismo que otorgan experiencias compartidas y registradas en el seno de las organizaciones de caza (sociedades de cazadores) asturianas), muchas de ellas abocadas a solicitar ayuda, poco o nada se `podrá hacer
Al fondo sigue plantado, no obstante, el problema esencial. La carencia de respuestas positivas desde las intituciones públicas, que aporten aire fresco y fuerzas renovadas para la existencia de un sector (subsistiendo en evidente precariedad de medios que dispone al día de hoy), en evitación progresivo de su colapso, algo que se puede contemplar desde la institución pública como un asunto menor. Falta, es evidente, unidad de criterios (seguramente voluntad desde la Consejería) compartidos entre el legislativo y los programas de actuación que la masa social, a través de sus legítimos representantes, aportan a la causa como vía reivindicativa de sus necesidades y soluciones, en la medida de las posibilidades, a la problemática que les acucia.
Nada mejor para ello que el ejercicio racional de acercamiento en las posturas. Aunque en asuntos que son cosas de dos, cuando uno no quiere (la caza esta deseosa de ser socio colaborador en ideas y proyectos) y se obstina desde la administración en perseverar en sus imposiciones, o quizás caprichos, como medida paliativa hacia la defensa a ultranza, en ocasiones sectaria, de sus notorios privilegios, adquiere tintes de irresponsabilidad. Conviene siempre atender a los cazadores, no es bueno ensimismarse o ser autista para sus reivindicaciones. Un colectivo en donde, a apesar de lo que diga algún que otro licenciado en Biología, abundan personas ilustradas en estos menesteres de la venatoria, deseosas de ser escuchadas y tenidas en cuenta por sus interesantes planteamientos. No se debe hacer caso omiso de sus sugerencias, tal y como ha venido sucediendo.
