En el actual sistema de control de capturas de especies cinegéticas se ha instalado en algunas autonomías un formulismo poco creíble y nada de fiar, como es la venta o concesión de precintos. Un procedimiento en el que el oportunismo y la picaresca se conjugan como factores a tener en cuenta. Un método empleado en el que la pieza cobrada bien pudiera no formar parte de la estadística real que permita determinar un censo de población eficaz de las especies abatidas. Un grave problema que incluso puede obstaculizar la gestión y ordenamiento de los distintos espacios y faunas
Estas cuestiones y sus consecuencias perniciosas, son de uso común en numerosas comunidades; algunas de las administraciones públicas se han dado cuenta del problema que representa el inadecuado procedimiento instaurado, tratando de corregir este posible fraude, anulando la normativa que lo autoriza, sustituyéndola por otra más acorde con el objetivo de conceder fiabilidad a sus estadísticas. Asturias, en materia de recechos y aguardos, vive alejada de estas tendencias, dando credibilidad a las extracciones de las especies de caza a través del correspondiente certificado (salvoconducto) como prueba fehaciente de invulnerabilidad de la normativa, expedido por el guarda acompañante (el celador es obligada su presencia, antes, durante y después del lance) en el que se hace constar todos los aspectos de la morfología de la pieza cobrada. No obstante ya se puede observar con preocupación en algunas áreas de caza, una cierta relajación en estos preceptivos controles, contemplando la figura en solitario del cazador que busca o espera su pieza adentrándose en el tejido de la naturaleza, lugares de querencia de la especie cinegética objeto de abate, sin la omnipresente figura del guarda acompañante. Una mala praxis que no debe propagarse y que hay que erradicar.
El estado poblacional de especies de caza mayor en nuestro País, supera con creces cualquier expectativa que se haya podido crear en cuanto a densidad y diversidad se refiere. Obliga a un equilibrio sostenible de su aprovechamiento mediante una adecuada y constante regulación de sus hábitats cinegéticos. Permite que, de forma prodiga se expidan permisos de caza, en materia de recechos y aguardos, quedando a la buena voluntad del recechista dar fe de la pieza cobrada o bien por el contrario proceder a mejor ocasión no declarando su cobro. De elegir la segunda opción, el cazador que practica este mal hábito, siempre bajo su responsabilidad y a expensas de tener que soportar el peso de la ley, caso de que su fraude sea descubierto, no agotaría su cupo de precintos en aras de disponer de más oportunidades. Son hechos que se supone formalizan con harta frecuencia en cotos particulares e inclusive sociales.
Se ha abusado en demasía del uso a conveniencia de los precintos. Quien o quienes hayan evaluado en su día este método concediéndole carácter legislativo, estaban muy lejos de adivinar, seguramente por desconocimiento, las consecuencias que habrían de darse con estas teorías. Desde mi particular punto de vista, soy contrario a esta metodología. Creo que el cazador debe de estar acompañado en todo momento por el guarda o persona del coto responsable que sea el encargado de levantar acta acreditativa que la pieza que se exhibe y se transporta es la legalmente abatida. A la caza han llegado personas que pueden ser cualquier cosa menos cazadores. Desconocen el estilo ético del buen cazador y de ahí que les importe muy poco una mala gestión y peor aprovechamiento.
Espero que estas iniciativas que se han puesto en marcha desde las consejerías medioambientales de algunas Autonomías, en orden a erradicar la defraudación que los precintos han traído, tenga un buen final. La caza, los cazadores y todo el ecosistema en su conjunto seremos los auténticos beneficiarios.
