No
parece ilógico argumentar que desde los sucesivos Ejecutivos de los
distintos Gobiernos del Principado, del color que sean o fuesen,
hayan dejado pendiente de satisfacer una deuda moral y material
histórica para con la caza social asturiana que debería ser un
compromiso de pago. Tiene que haber efectos compensatorios para un
sector constituido en eficaz gestor cinegetico, de gran influencia en
la defensa de la sostenibilidad de la fauna silvestre y derivados del
medioambiente, de estimable apoyo para la economía asturiana. No se
puede seguir dando la espalda a una realidad.
Es
cierto que la caza en Asturias, al referirnos a la social, que es la
que ocupa y preocupa, siempre ha estado huérfana de la promoción de
sus valores clásicos. A la luz de los sucesos, se tiene el
convencimiento de que ha faltado en nuestros gobernantes disposición
en ilustrarla, bien de manera deliberada o por negligencia. Es a los
gestores de la función pública, con el añadido complice de la
Federación, a quienes a efectos de exigencia se les pueden imputar
fundamentos de culpabilidad entera en episodios constituidos en forma
de doloridos silencios en pronunciarse a favor y en defensa de ella.
Nunca lo han hecho con decisión y valentía.
La
más que satisfactoria repercusión económica y social que tiene la
caza en España es el motivo de que desde distintos gobiernos
regionales, a diferencia del asturiano, que no lo ha hecho, hayan
apostado, lo siguen haciendo, por conceder apoyo y ayudas importantes
en sus territorios de competencia, a una actividad calificada de
esencial para el conjunto de su ciudadana. Opacidad,
sectarismo y arbitrariedad son tres ingredientes que están golpeando
duramente al sector de la cinegética en nuestro Principado...
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