Ante
la incidencia negativa acumulada motivo de los que opinan de forma
agresiva contra la caza tradicional española, en contraposición, se
hace preciso considerar la multiplicidad de variantes que discurren
en torno al ejercicio de su práctica que forman parte activa de un
interesante nivel recaudatorio, via subastas, impuestos y tasas, de
lo que son receptoras numerosas administraciones públicas del
Estado.
Los
beneficios socio-económicos y
medidoambientales que
genera la caza al
calibrar la importancia de su
vinculación con los
mismos, son las razones
poderosas que nos mueven a sostenerla quienes defendemos su
continuidad. Si
desapareciese o
limitasen la capacidad de su actividad por
obra y gracia
de una resolución
gubernamental que no se corresponde, sería de relevantes efectos
económicos traducidos a tener que afrontar los
distintos Gobiernos Regionales y el Central un
enorme gasto público e
inversiones (en la
actualidad la cuenta corre a cargo de la caza social y comercial),
con el gravamen
añadido que supondría
la pérdida de miles de puestos de trabajo, directos e inducidos.
Se
ha dicho con mucho acierto y oportunidad que la caza es una actividad
esencial, aunque haya quienes les puedan sus principios ideológicos,
o por defender intereses directos o cruzados que se lo impide o
dificulte reconocer. Es legítimo pensar que existan motivos más
que suficientes que permitan afirmar que la caza es una realidad
objetiva. Mucho mejor, mantenerla “viva”. Lo contrario todo
apunta a confeccionar un despropósito. Lo estámos viendo ahora en
los parques nacionales.
