Un serio problema añadido para el carácter social de la caza en Asturias que tendrá que afrontar cambios sustanciales en su modelo de gestión y aprovechamiento, en cuanto a las sociedades locales de cazadores se refiere, adjudicatarias de los cotos regionales de caza ubicados en nuestra comunidad. Por parte de la Administración Regional se anuncian medidas globales (sin pormenorizar), que bien pudiera tener incidencia sobre el asociacionismo cinegético, orientadas a un mayor dinamismo de su economía y la racionalización de su tamaño, a fin de una mayor eficacia en el empleo de sus medios de gestión cinegética.
Parece que dos cuestiones que son un todo, preocupan a la Consejería del ramo. La futura estabilidad del estado financiero de las sociedades y entidades a quienes les serán adjudicadas la gestión de estas áreas de caza, y la dimensión de superficie de los terrenos de régimen especial que han de administrar. Toda una catarsis la que se proclama ha de producirse, que vendrá precedida, a buen seguro, de un cambio de contenido sustancial en las normas que dan acceso a los concursos públicos para la adjudicación de la gestión de estos cotos sociales. Es de suponer que el artículo 28 del actual Reglamento de la Ley de Asturias de la Caza, sea el actor principal por el que se canalice un supuesto enmascaramiento de las verdaderas intenciones de nuestra administración; desconocemos en estos momentos cual es su prioridad, si es que prevalecerá el actual régimen de igualdad garante de oportunidades para todos los cazadores, o bien por el contrario, se va a una doctrina con las reglas de juego que marca la libertad de mercado, distinta y distante de aquella que le precedió. La caza necesita de reactivación económica con ayudas sustanciales y no testimoniales
En cuanto a la segunda cuestión importante obedece a la extensión territorial de los cotos regionales. Ocupan un espacio de terrenos cinegéticos de aprovechamiento especial del orden de las 750.000 Hectáreas (el 75% de la superficie de Asturias) cuya gestión se encuentra cedida a más de 6O asociaciones de caza. Parece que el móvil que mueve a la administración a reestructurar su composición es el elevado número de estas juntas locales y terrenos objeto de acotado, necesitadas forzosamente de una optimización, como vía principal de ajuste y reactivación de sus estados económicos, sometidos a fuerte presión por los cuantiosos compromisos que tienen que afrontar. Es posible que haya llegado el momento de analizar la conveniencia de una integración, de conjugar fuerzas que permitan afrontar, con la sostenibilidad de los parámetros sociales del concepto caza, la continuidad de este modelo.
Está en juego el porvenir de la “caza modesta” que de forma tan mayoritaria se practica en nuestra autonomía. Es de pensar que el nuevo rumbo que se pretende tomar sea proclive a dar cabida y conceder mayor participación a niveles adquisitivos de rentas altas. De producirse esta última circunstancia, es de suponer que la administración busque fomentar y reactivar con la complementariedad de la explotación de este recurso natural como es la caza, impulsar sectores industriales (turismo) inevitablemente a través de acciones tolerantes de sesgo clasista, como cita obligada a un expansivo apoyo a un sector relacionado con el ocio y entretenimiento.
Las sociedades locales de cazadores, aspirantes a seguir con sus responsabilidades administrativas sobre estas áreas de caza, tienen ante sí un reto complicado, cual es la renovación del coto. No les será fácil y deberán confeccionar planes con perfil de superior calidad a otros anteriores realizados que, partiendo de la experiencia acumulada, les permita adecuar posiciones de claro carácter competitivo al contenido en las exigencias requeridas para estos certámenes licitadores.