Ese
desmedido afán que tienen los ultras del animalísmo y ecologísmo
de prohibir el buen ejercicio de la caza en España, de convertir en
realidad sus deseos, de seguro crearía dificultades a las
administraciones públicas que se verían obligadas a tener que
soportar de forma permanente un enorme gasto y hacer fuertes
inversiones, algo de lo que no podrán evadirse, además de crear una
situación discriminatoria. Al respecto de esto último, se hace
necesario aclarar quienes serían los aficionados que sufrirían las
consecuencias de forma definitiva, y quienes no tanto, por culpa de
una decisión que impida en España ejercitar la práctica venatoria.
A
los perceptores de rentas altas una prohibición de toda actividad
cinegética en nuestro país, no les sería impedimento para seguir
con esta práctica en el extrajero donde abundan las oportunidades
para este tipo de capacidades económicas. Cazar fuera de nuestro
país, tiene un componente dinerario, traducido a mayores costos,
solamente asumibles desde un elevado nivel adquisitivo. Por contra,
la caza social tradicional española, mayoritariamente prácticada
por gente que percibe un salario por su trabajo, sería la
damnificada. Obviamente quedaria fuera de escena.
Por
tanto prohibir la caza social en España, tiene el significado de que
una cláse pudiente y potente volverá por donde solia hacerlo, es
decir: cazarán los que estén interesados y puedan. Lo cual quiere
decirse que el progresismo que tantos esfuerzos dice hacer para
conseguir la igualdad de oportunidades en las mismas condiciones
entre los españoles, con este tipo de propuestas si
