Que bien pudieran tener trayectoria histórica en el
desarrollo de un futuro más o menos próximo, de la actividad cinegética y constituirse en nuevas normas legislativas
para este sector. Con respecto a la Comunidad Europea, parece se está
instruyendo en este organismo la posibilidad de aplicar nuevas medidas en el
tratamiento, uso, y custodia de armas de fuego, refiriéndose a la eliminación
de rifles semiautomáticos de “estética militar”, así, como también, dotar
de tratamiento específico a las armas
inutilizadas y prohibiciones a los coleccionistas de armas.
Por lo que se vislumbra en el borrador de medidas anunciado,
estas, no tendrán el cariz optativo de
ser disuasorias, obtendrán toda la carga restringida de que sean capaces de
dotar los burócratas de la comisión. La pretensión pudiera centrarse en
desposeer de los legítimos derechos que
tienen los usuarios de este tipo de armas, ENTRE LOS QUE NOS ENCONTRAMOS LOS
CAZADORES.
Es lógico pensar, dada la naturaleza de los antecedentes que
nos rodean en estos asuntos a los aficionados a la caza en estos que, dentro de este campo de acción que se
patrocina desde directrices de la C.E. la caza reúna ciertos requisitos que
quepan en el conglomerado de medidas que
se tratan de adoptar, a fin, de lo que
se considera un superior control en Europa, sobre la venta y posesión de
armas de fuego. No ha salido aún a la
luz pública, la consistencia de estas medidas y de qué forma pudiera afectar a
los usuarios. Hay expectación al respecto, debido a la incertidumbre que se ha
generado.
En otro orden de cosas,
La Federación Española de Caza, por medio de sus directivos, viene
celebrando una ronda de consultas con los distintos partidos políticos del actual
arco parlamentario español y algún que otro que probablemente lo esté en un
futuro próximo. Se informa a los políticos asistentes a estos actos del actual
estado de las cosas en torno a la cinegética española y renuevan su petición de
considerar lo que para la Federación supone aspectos tangibles relacionados con
la creación y puesta en marcha de una Ley de Caza única y válida para todo el
territorio español, en sustitución de todas las actuales en vigor, así como
también, la de instituir para todo persona
que practique la caza, la obligatoriedad de estar federado.
De los deseos federativos, caben muchas interpretaciones. La
constitución de una nueva ley única para la caza, de ámbito competencial
globalizado supondría derogar algunos preceptos
en las competencias que en materia
de gestión y recursos naturales tienen cedidas por la administración
central del Estado hacia las distintas comunidades autonómicas. Algo que, seguramente sería difícil de retrotraer, por la complejo que resultaría
una involución de las normas actuales. No obstante, sí que algunas cosas
pudieran determinarse. En los reglamentos de las distintas leyes de caza se
encuentran las bases para unificar criterios; tienen capacidad de ser modificados
directamente por los gobiernos regionales, sin necesidad de constituir otras
normas legislativas que tendrían que pasar el trámite de su debate y posterior aprobación, si procediese,
en las distintas cámaras regionales.
Una nueva Ley de caza uniforme para el conjunto del sector
cinegético, debería arbitrar y recoger
lo que supone “una realidad objetiva”, cual es, la amplia diversidad de las tradiciones
regionales; la variedad en la
composición de la naturaleza que hace que la caza obedezca a otros parámetros
de concepción y desarrollo. Seria de necesidad equiparar la tipificación
uniforme de los capítulos que se refieren a sanciones administrativas y penas
por infracciones a las sucesivas leyes de caza, puesto que no todas las faltas y posibles
delitos se juzgan y penalizan con el mismo tratamiento sancionador en las
distintitas leyes de caza autonómicas.
En cuanto a la exigencia solicitada a los políticos de que da
muestras la Federación en la obligatoriedad para todo cazador de adquirir una
tarjeta federativa, suena a querer imponer un recargo más a la caza, si no
tuviéramos ya bastante los cazadores con lo que hay. La verdad es que, sería
inoportuno un desembolso, por otra parte innecesario. Se entiende que aquellos
eventos (concursos de perros de rastro; campeonatos de caza menor, etc.) los
cuales se programen a iniciativa de la Federación, en la que participen aficionados, sea
condición imprescindible en el concursante estar en posesión del documento
federativo. Para el resto de los cazadores, una inmensa mayoría, que nos
encontramos alejados de estas tendencias, carece de sentido dotar a la caza de
un gasto más, que pudiera ser inasumible por muchos.
En otro orden de cosas, siempre del mismo contexto en que se
mueve la actividad cinegética, se debe denunciar la intromisión degradante de
algunos ayuntamientos, que no son pocos al momento actual y pudieran ser muchos
más en un futuro próximo con regidores de nueve cuño y mando al frente de la
gestión, con efecto llamada, promotores
de acuerdos con otras fuerzas de similar ideología, buscando consenso para
erradicar de sus municipios la caza. El sectarismo más flagrante les anima a
promocionar acuerdos de esta índole, sin valoración y con desconocimiento de lo
que la caza y el dinamismo de su ejercicio en España representa para el conjunto
de la sociedad, fundamentalmente para la sostenibilidad de la fauna silvestre,
si es esto lo que les preocupa, cuestión que no creo, que vive en libertad en espacios naturales y
prohibir la caza, sin medir las consecuencias que el cese de esta actividad
acarrearía, dependiendo de las zonas, para familias de menor poder adquisitivo
que ven en esta actividad por su trabajo en la misma, un complemento económico a sus ingresos.
Es de esperar que estas actitudes no proliferen y quede todo
en un mero intento. Las consecuencias serían dramáticas para muchos sectores de
la industria, el campo (ganaderos y agricultores) y el carácter social de la
caza, si esta quedase abolida, que
tantas compensaciones concede al resto de la ciudadanía.
