Hay indicios racionales, de suficiente fundamento, que hacen pensar que en algunos de los parques Nacionales existentes en territorio español, se autorizará la caza deportiva, hasta ahora no permitida, en función de una necesidad reguladora que permita un equilibrio sostenible sin deterioro físico de las especies de sus hábitats, en razón de una alta densidad de fauna cinegética que reclama control y aminoramiento a parámetros de sostenibilidad.
Yendo al grano, debemos estimar y clasificar las causas perentorias: son varias y muy determinantes todas ellas, como fuente de origen de esta posibilidad de poder reencontrarse la caza tradicional si es que llega a producirse, en terrenos de tan marcada sensibilidad medioambiental. En el fondo de la cuestión, no la única razón, lo que principalmente subyace es la adecuación de los presupuestos estatales en tiempos de crisis. El estado restringe sus cuentas. Trata el Gobierno de minimizar costos en el mantenimiento de sus Parques y someterlos a rentabilidad, poniendo en el mercado un determinado número de permisos.
El equilibrio racional, en número de individuos, que es necesario sostener, es un capítulo de gastos originado por una alta tasa demográfica de las especies de caza que los pueblan. Un hecho que se acrecienta, si no se producen extracciones de forma conveniente y que produce un desequilibrio en la convivencia y desarrollo de un tipo de fauna que sufre los avatares de su propia sobredimensión llegando al adocenamiento y sus lamentables consecuencias. En este sentido la consanguinidad, es un mal endémico de efectos perversos que destruye la fortaleza y salubridad de los animales silvestres. Excesivos asentamientos que permiten una tasa de crecimiento en cuanto a natalidad se refiere, darán lugar a vulgarizar la capacidad cualitativa como forma de expresión, de los correspondientes trofeos de caza.
Para evitar un proceso denigratorio de las especies, el gobierno ha venido tomando medidas cautelares, puntuales, que no han surtido el efecto deseado. Cada vez existe más densidad y es una pérdida de tiempo y dinero los sistemas empleados en estos controles. Digo, perdida de dinero, porque se han contratado a empresas, de supuesta dudosa metodología y escasos conocimiento, cuyos servicios no salen gratis, originando perdidas, con los resultados de todos conocidos; el problema sigue latente. Un desembolso que resultaría innecesario si los cazadores cobran protagonismo, se les permite acceso legal a estas áreas de caza para la práctica venatoria y sus consabidos lances, además de un suntuoso negocio para los Municipios enclavados en las zonas objeto de la declaración de Parque Nacional que les permita recibir ingresos.
El anuncio de la creación del proyecto ya ha recibido las primeras andanadas y organizado un monumental enfado de aquellos opositores acampados en una prédica doctrinaria de escasa visión, cargados de argumentos pueriles con la más absoluta de las negaciones discriminatorias por fundamentos ideológicos, políticos o de exagerada e incomprendida sensibilidad emotiva, en evitación de que tengamos los cazadores parte activa en un proceso que se hace necesario establecer siendo en la actualidad objeto de duro debate, en el que en el fondo de la cuestión, se deja entrever, cohabita la animadversión por parte de sus detractores que tienen sobre la actividad cinegética, más que sobre el problema real latente que existe, que reconocen, pero perseveran, no dando el brazo a torcer, es un principio básico irrenunciable, en que los medios a emplear no debe de pasar por la concesión de un devengo a los cazadores, en evitación de que sea institucionalizado la caza, tal y como se practica, en terrenos tan especiales, sino más bien al contrario, llevar los parámetros de sostenibilidad sobre la fauna venatoria con criterios profesionales, sin importarle su gasto, y no a través de una acción limpia y noble como es el buen ejercicio de la caza. Cuestión esta última que aborrecen y persiguen.
