Tal y como están las cosas, no es prematuro aventurar que, de aquí a un tiempo no muy lejano, más bien a corto plazo (un año, dos a lo sumo), la caza volverá por sus fueros: allá donde solía, es decir, para privilegio casi exclusivo de una selecta casta dominante en el sector económico, que irremediablemente, sino se ataja el despropósito que fomentan las distintas instituciones públicas en relación con las reservas de caza regionales que administran, cuestión muy difícil de atajar, impondrá la calidad de su estatus, en detrimento de otras clases sociales menos avenidas en cuanto a la posesión de aspectos materiales se refiere, que podrían ser inhabilitadas o alejadas en gran medida de la acción de cazar de estos carismáticos terrenos cinegéticos de régimen especial a las que deberían tener acceso básicamente, si les fuera posible y así lo considerasen.
Y todo con la connivencia oprobiosa de las distintas administraciones autónomas halladas en periodo de trance cesecionista de sus funciones y responsabilidad contraída en la gestión y aprovechamiento sostenible de la fauna cinegética con asentamiento en numerosas reservas regionales del Estado, y la pretensión hecha de entregar los bártulos recaudatorios, vía sistema subastas integrales, a juntas vecinales o municipios, al modo y manera de una huida hacia adelante, incapaces de solventar las deficiencias y necesidades de variada índole a que les obliga la sostenibilidad de estas solventes áreas de caza.
Sobre este novísimo régimen cinegético que se pretende perpetuar (están muy avanzados los proyectos de reformas, algunos inminentes, pudieran tener rango de Ley este mismos año, según se desprende de su anuncio), que implica de facto a los ayuntamientos en labores cinegéticas, algo que no se corresponde con su propia esencia, cabe decir y extenderse en este monologo mío, que se observa precipitación, algo así como que se produzca la inminencia de un deseo, tal es la situación perentoria, sin medios adecuados, carentes de recursos, disminuidos los ingresos, que viven los gobiernos regionales, obligados por esta circunstancias y no otras, a conferir soberanía en materia de caza en las reservas de su hasta ahora, tutela administrativa, quizás sin importarles él como y las consecuencias negativas que se deriven de un proceder insolidario hacia un colectivo, como es el de los cazadores, que tanto aporta al control, fomento y protección de la fauna silvestre. Cazar en las Reservas (hasta ahora accesible para muchos bolsillos) a través de las subastas, será más caro. Lo que está por ver, es si habrá demanda en consonancia con el objetivo que se persigue.
Disfrazar desde posiciones redentoras la finalidad última de la adopción y puesta en marcha de medidas que bien pudieran tener un cariz contradictorio, elevándolas a la categoría de mejor proceder, como justificación para extraer una necesaria y superior rentabilidad sobre la materia prima, es decir, los recursos cinegéticos yacentes, que abarque y haga llegar por extensión a distintos grupos industriales de las autonomía implicadas una distribución superior de la supuesta riqueza que genere la llegada cuantitativa y cualitativa de cazadores en busca de ansiados trofeos, desde los distintos puntos planetarios, cuyo perfil deseado y buscado es el de un nivel adquisitivo considerado como de “alto standing”, es hacer una apología nada virtual de lo que sucede en la actualidad en torno a la caza.
La Xunta de Aragón (esta comunidad es uno de los núcleos cinegéticos más importantes de España) insta sin reparos a los municipios enclavados dentro de las reservas a elevar el tono alcista de los precios de las subastas en un momento de gravísima recesión económica. Evidentemente, si nos atenemos a lo sucedido, debemos considerar las subastas de caza como un factor de riesgo a tener muy en cuenta, pues la crisis ha sido el detonante para que cada año se recaude menos por esta metodología competidora. Datos al respecto, los hay. Los ingresos se han producido con bajas significantes de hasta un 25%, e increscendo, todo un síntoma de afectación que habrán de padecer quienes subasten. Seguramente no habrá espacio para lamentaciones por falta de expectativas.
En cuanto a Asturias, parece que estemos en un “compas de espera”, instalados en un observatorio de la distancia, que nos permite contemplar el devenir de los acontecimientos que se produzcan en otras autonomías en relación con los cambios que en materia de explotación de la caza se confeccionen y actuar con posterioridad en consecuencia, según convenga a los intereses de la administración. Pero, tal vez, no sea así del todo. Quizás las claves de este forzoso “ínterin” obedezcan a otros síntomas menos lustrosos. La falta de personal y medios que impiden y retrasan la adopción de medidas pudieran ser las claves. No obstante, estaremos a la espera de acontecimientos, que sin duda, han de llegar. Ya veremos cuales sus condicionamientos y a quienes afectan
Las reservas regionales de caza asturianas, viven superpuestas a la condicionalidad que les otorgan zonas territoriales de restringido uso, de especial sensibilidad, sumamente protegidas, en cuanto a su fauna, flora y propia orografía. Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera, abundantes en nuestra región, a diferencia de otras comunidades en donde estas circunstancias no se dan o se producen en menor cuantía, tienen establecidos sus límites territoriales con estas áreas de caza. Un obstáculo difícil de saltar, que exigirá adaptaciones de distintas normas, con formulas liberales. Los espacios naturales protegidos están sometidos al impero de la Ley de la biodiversidad europea, y si alguien opta a otra cosa, se equivoca.
