Es posible pensar en
las dificultades que entrañaría llegar a consensuar un texto legislativo que satisfaga
a las partes implicadas. No será nada fácil, concurren factores varios en la
composición de este organigrama estatutario en donde influyen fuertes corrientes
de métodos y procedimientos discordantes, pegados unos a sus conveniencias y
otros a la demanda de una ideología conservacionista radicalizada, la cual trata de sentar precedentes
absolutistas y dejar huella indeleble en la constitución de toda nueva ley de
caza que se precie.
Ciertamente en el diseño de una “carta Magna” de estas
características, requiere de criterios
precisos y bien fundados. Sería de desear que una nueva ley de caza para
Asturias, fuese el producto final de un proceso de reflexión sobre un catalogo
de problemas y un esbozo de soluciones que en algún caso podrían requerir de la
constitución de un nuevo marco regulador de la actividad cinegética asturiana. Es probable que la reforma, de llevarse a
cabo, tolere la modificación de un régimen participativo único; perdida de su
valor solidario, garante por sí mismo de la igualdad de oportunidades; lo que
podría suponer una reordenación de un sistema más abierto, quizás menos
equitativo que el actual, en donde renazcan las desigualdades de antaño, en la distribución de un justo estado en el reparto
de competencias y que corone el fin de una época. Al acecho, expectante, se
encuentra la iniciativa privada.
Pero fuera de este proceder no debemos equivocarnos, nos
acecha el enemigo. Las pretensiones de que los cazadores de esta comunidad pasemos
por el reparo y sometimiento de las “horcas caudinas” del ecologismo más
intransigente y organizaciones afines en sus objetivos, que tenga reflejo
inequívoco, inalterable e indiscutible de sus principios dogmaticos, tan
sumamente contrarios a la caza, es una posibilidad irrenunciable para aquellos
que ondean la bandera de un mensaje partidista cargado de lesivas
inconsistencias, insistentemente repetido, útil en el cerco, a quienes
consideran sus antagonistas.
Los aconteceres que se han venido produciendo, en casos concretos, con altanera violencia
en contra de las respectivas Leyes de Caza de Castilla-León y Castilla-La
Mancha, recién promulgadas, son el epicentro de un estado reivindicativo de análoga
forma de actuación, que es de asegurar tendrá continuidad en Asturias;
procedimiento que tiene abiertos varios frentes activos a nivel nacional, en su
lucha virulenta (atacan sedes de
Federaciones de Caza) por desnaturalizar y abolir la caza.
Con estas premisas de marcada condicionalidad inquisitorial, un
proyecto de Ley de Caza para Asturias,
previo a su ajuste definitivo, sufriría de consecuencias paralelas a las del
resto del estado. Es decir, un boicot
constante y permanente, sin otras alternativas, más que el cierre
definitivo de la caza y su método que, en definitiva es lo que persiguen.
Por tanto, la intromisión en asuntos propios de la caza y los
cazadores, por aquellos a quienes no les compete, alcanza tintes de
participación intervencionista por una inteligible supuesta superior jerarquía
moral que trata de defender desde la intolerancia, la peculiaridad de su compromiso con la
defensa a ultranza, sin medir consecuencias, de los recursos naturales renovables.
Resulta inaudito que desde el estigma
radical ecológico, a los cazadores, un
gremio que ama y cultiva la excelencia en la conservación de todo tipo de fauna
silvestre, se les relacione con actos
desaprensivos y transgresores, adjetivándoles con todo tipo de injurias. Una falsedad.
.
