Lo
transcendencia de la caza del jabalí en la involución cuantitativa en este lote
ubicado en el concejo de Oviedo, gestionado
por la Sociedad de Cazadores de Grado, en cuanto se refiere al nivel poblacional de
esta especie, ha resultado determinante para concluir como un claro ejemplo
cualitativo, concepto sin opciones a poder ser desvirtuado, pese a quien pese,
y diga quien lo diga, en cuanto a que la caza es una herramienta eficaz para controlar,
proteger y fomentar las especies cinegéticas. Decir lo contrario, no cabe duda,
significa manejar la mentira como
instrumento.
El concejo
de Oviedo, se había constituido en un principio, allá por los años ochenta del
siglo pasado, una vez promulgada la
actual Ley de Asturias de la Caza, en un
espacio protector integral de nueva creación (zona de Seguridad) que prohibía
en el citado municipio, todo tipo de actividad cinegética. Área específica debido a las especiales
características y peculiaridades de su composición funcional identificadas con
la presencia de fuertes asentamientos urbanos e industriales preferentemente.
Por lo tanto, libre de supuestas cargas e incomodidades que podían suponer para
la sociedad vecinal el ejercicio de la caza; algo discutible, de escaso
fundamento, dependiendo del cómo, cuándo
y dónde, las formas empleadas.
El citado
lote 15, es la consecuencia de la obligada desclasificacción por necesidad
imperiosa de una parte de la ZONA DE
SEGURIDAD afecta al municipio ovetense, llevada a cabo en su día, no hace
mucho, por el Gobierno del Principado.
Un área entre la capital y Trubia en que la caza estuvo detenida durante 10
años. Una situación dolosa para los lugareños de distintas localidades rurales
cercanas entre sí que veían como el jabalí encontraba acomodo en terrenos
cubiertos, cada vez más, de espesa
maleza, próximos a fincas de labranza, que le resultaban seductores a manera de
hábitat residencial permanente, exento de peligros y despensa para sus
comensales. La falta de regulación previsora de este tipo de fauna silvestre
por parte de la administración trajo consecuencias no deseadas para la
vecindad, quejosa de vivir una situación insostenible para sus intereses y
seguridad.
En los años
que hace que la caza ha podido intervenir en la gestión y ordenamiento de estos
terrenos, antes prohibidos, ahora declarados de régimen cinegético de
aprovechamiento especial, se ha producido el hecho real de una bajada
importante de tensión reivindicadora entre los damnificados. La caza, ha
regulado, en gran medida, el problema. Lo seguirá haciendo siempre que le den
oportunidad, hasta situar en parámetros de sostenibilidad la posibilidad de
seguir efectuado capturas.
Los
cálculos estimativos en cuanto a los abates en el lote 15, son verdaderamente indicativos.
En esta fase de apertura a la caza en los calificados terrenos, rondando los
siete años —escribo de memoria, lo hago por aproximación, la equivocación
pudiera no ser relevante-- los cobros totales por temporada han bajado de forma
paulatina desde unos iniciales abates de 65 a 36 ejemplares, cifra esta última
de la campaña 15/16. Lo cual es significativo; predice y ahonda en la
respuesta, tantas veces negada la solvencia de la caza en el estado
participativo que ejerce con probada utilidad en el control de este tipo de
fauna. Situación por tanto, contradictoria a las afirmaciones de algún que otro
ilustrado zoólogo, empeñado en negar la evidencia, convencido experto en dar lecciones
de racionalidad, alimentando hipótesis, sobre la mejor conveniencia en frenar
el exceso poblacional de jabalíes; aportando a la causa soluciones
rocambolescas distintas al buen ejercicio que se hace de la caza tradicional para frenar la creciente
población de esta especie en zonas de seguridad.
Pero hay
más casos que el citado lote 15; se
pudieran poner de ejemplo. Citaré lo sucedido en el coto Villaviciosa. Por divergencias
que no vienen al caso, la caza en el concejo maliayo quedó suspendida durante
dos largos años. Una situación de hecho que posibilitó un aumento considerable
de jabalíes, motivo de quejas de los numerosos perjudicados por los cuantiosos
daños e inseguridad ciudadana que producían. De nuevo la caza autorizada
restituida a sus funciones, fue el orden
práctico que puso las cosas en el
sitio adecuado.
Estas muestras a los que sin duda se podrían
añadir muchas más, son la evidencia que
justifica la acción de cazar. De nuevo diré, no importa ser repetitivo,
conviene hacerlo, para que en la medida
de nuestras posibilidades, que unidas serían
muchas, cale en profundidad en la
mente de nuestros semejantes el carácter
beneficioso que la actividad cinegética tiene para la sociedad en su conjunto.
