En un
interesante coloquio celebrado recientemente en el Club de Prensa del diario La
Nueva España, ante la presencia de un nutrido y atento auditorio, se ha mencionado a la caza para otorgarle lo
que en síntesis he creído entender de las palabras de una de las ponencias, cuando se refería al fuerte poder y la capacidad de influencia
que tiene y despliega el mundo de la actividad cinegética.
Esto de que
la caza es un sector convenientemente asentado en la fortaleza de sus instituciones que la ha permitido obtener
sobrada atribución en la sociedad para la defensa de sus intereses, debe de ser
contextualizado en un marco de concretadas objeciones con la finalidad de
aclarar dudas y tratar de evitar confusionismos en la medida en que sea posible.
Se ha dicho por activa y por pasiva (en este caso, no importa ser reiterativo),
que la caza es un ejercicio de magnitud social, con una sobresaliente presencia
dentro de los dispositivos económicos de importantes sectores industriales,
rurales y aquellos otros relacionados con el ocio y tiempo libre; a su vez, elemento
de cohesión imprescindible en la defensa y sostenibilidad del ecosistema; aspectos
determinados de su actividad que debieran hacerla engrandecer.
Dicho lo
cual, fuera de este contexto, en la caza concurren otras circunstancias en su
contra que por la naturaleza de su origen le producen debilidad. Entre un
compendio de causas de especial significado, es preciso señalar por la
importancia que ha supuesto, el desprestigio
de la razón de su existencia que han
dejado caer desde adentro por no haber querido, podido o sabido ejercer una proyección
positiva de sus valores a la sociedad. La falta de un carácter instructivo y eficaz
cara a la ciudadanía, ha supuesto para el sector una contrariedad de
monumentales consecuencias negativas. La desunión secular en el gremio, muy
desatendido de acciones integradoras, también se debe de incluir como un factor
clave que ha imposibilitado promocionar la realización de acciones conjuntas.
En otro
orden de cosas, en relación con lo
mismo, procede decir que carece la
venatoria de cualquier prototipo de autonomía, quizás, en gran parte, consecuencia de lo anterior, que le permita ejercer una labor en base a otros supuestos
distintos de aquellos que resulten de los que las administraciones públicas establecen
en las sucesivas y antagónicas Leyes de Caza (Una Ley por comunidad) que regulan
sectorialmente la venatoria en España.
La caza social,
a la que me refiero por ser la que únicamente he practicado y conozco de los avatares por los
que discurre en tiempos de señaladas tribulaciones ofensivas, soporta el estado intervencionista y del “maniqueo”
político de los poderes públicos; actúa sin opciones, condicionada firmemente
bajo la imposición de manuales que la hacen ser y sentirse débil. En ningún
momento del periodo democrático, los
gobernantes han concedido a la caza la necesaria capacidad soberana para
desarrollarse en orden a otras complementarias alternativas.
Como mucho
puede ser escuchada, casi siempre sin la
debida atención, por los diferentes Gobiernos Regionales a través de los
dictámenes que emiten los sucesivos Consejos Regionales de Caza, órganos
consultivos y asesores en materia de caza, pero carentes de potestad alguna para establecer que sus
propuestas, consecuencia directa del relativo consenso entre sus miembros, establezcan vinculaciones obligatorias a
ningún tipo de administración pública. Ello quiere decir, que la caza social
que practicamos los ciudadanos de economía modesta, numéricamente mayoritaria, carece de resortes que le permitan ir más allá
de lo meramente cotidiano e intranscendente. Por tanto, una visión opuesta, claramente contradictoria a lo que se
ha dicho, que deshace cualquier alusión que tenga intenciones de involucrarla
en la política de construirse actitudes con el objetivo de alterar el justo
orden de las cosas cuando de caza se trata.
A modo
comparativo, se debe de dejar constancia, que toda la actividad deportiva
española (club, sociedades) se encuentra gestionada y ordenada a través de su
correspondiente federación sin inoportunas intromisiones del exterior, con la
salvedad de la debida atención a los calendarios electorales y las reglas
que señale el Consejo Superior de
Deportes como garantía por esta entidad de la correcta aplicación de las mismas
en estos procesos. Sucede que en la caza no es así exactamente.
La Real
Federación Española de Caza, las organizaciones afiliadas, incluidas las que no
lo son, dentro de las competencias de su reducido ámbito, carecen
de potestad legisladora. Lo concerniente al ejercicio de la caza, viene
precedido por la imposición de normas, leyes y reglamentos que se dictan desde organismos oficiales,
según políticas al mando. Es el hecho
diferencial de la singularidad de la caza basada en la debilidad de sus
organizaciones, que la hace ser tan diferente en relación con el ejercicio de
otros deportes. Pero de fuertes, mucho
menos de lo que se ha dicho.
