No me refiero, en ningún caso, al elevado grado de atención que vienen prestando con clara voluntad de servicio a sus miembros de base y al conjunto de la sociedad, la mayoría de asociaciones locales de caza asturianas, pues en un marcado contexto cargado de dificultades económicas que es notorio también las atañe, algunas bastante hacen con sostenerse en pie dignamente; lo que es de agradecer el esfuerzo y la dedicación que hacen sus dignatarios.
Dos factores que deberían ser complementarios al resto se echan en falta su presencia como nexo de unión y apoyo a la problemática en que se encuentra inmersa la cinegética asturiana, muy necesitada de comprensión y ayuda hacia sus necesidades básicas, exenta de docencia extensiva y permanente de su buen ejercicio. Menciono en mi diatriba, a las instituciones públicas y aquel otro ente federativo, asentado y con raíces en nuestra tierra, como es la propia Federación Asturiana de Caza, ausentes ambas partes en estas tareas de impregnar mecanismos solventes, por necesarios, cada una desde su competencia y posibilidades hacia una reactivación que se hace muy necesaria se produzca, diría imprescindible, para la sostenibilidad de la actividad cinegética dentro de los parámetros sociales que marca la actual Ley de Asturias de la Caza en nuestra provincia.
Creo sinceramente que estas ausencias en la sintonía que se requiere, son notorias. Hay ejemplos evidentes que no me contradicen sobre estos desarraigos institucionales que venimos padeciendo los cazadores asturianos. Un hecho corroborativo de gran significado ha saltado a la palestra en estos días, creando cierta alarma entre el estamento venatorio astur. No es la primera vez que tienen que intervenir los órganos judiciales para poner orden y repartir justicia, con el tema de fondo de la adjudicación para la gestión de cotos regionales de caza a sociedades locales de cazadores asturianas.
Los hechos que han sido dados a conocer a la opinión pública con todo alarde informativo desde los distintos medios periodísticos (radio, prensa y televisión) que se han hecho eco de la noticia nos dicen que, un Sr. Magistrado del Juzgado de Instrucción numero 1 de los de Oviedo, ha citado a declarar como imputados, a dos responsables de caza en un Gobierno del Principado, durante un determinado período de tiempo, aún cercano, por el embrollo de un proceso de adjudicación de dos cotos de caza.
Nada nuevo bajo el Sol. Este proceder es sintomático en su trayectoria, lo atestiguan y dan fe antecedes habidos. Al respecto no se debe de olvidar lo sucedido recientemente con la Perdiz de Llanera, pues sus directivos y socios han tenido que pasar todo un calvario, por una adjudicación irregular y falsaria del coto de caza regional, denominado Llanera, a una organización relacionada con la cinegética, en detrimento de la sociedad de cazadores mencionada (sentencias ejemplares del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ratificada sin paliativos por el Supremo) que presentaba en el concurso público para estos efectos, todos los documentos requeridos en el pliego de condiciones, en tiempo y forma, sin haber sido tenidos en cuenta por los órganos correspondientes de la Consejería.
Una situación de facto alevosa que tiene dos vertientes: perjuicio económico y de moral dañada. Durante el tiempo del proceso judicial emprendido por la Perdiz en defensa de sus intereses, ha supuesto para las arcas de esta sociedad un desembolso de dinero cifrado en cuantía importante. Un perjuicio que tendrá que ser compensado por la administración autonómica (no le quedará otra) en todo su valor, a través de un nuevo proceso que se abre en el que esta entidad, exigirá (ya lo ha hecho) reparación del perjuicio ocasionado, reclamando, con él rigor pertinente y números cuantificados debidamente ajustados, responsabilidad patrimonial, en compensación por los daños sufridos, al propio Gobierno Regional, que tendrá que afrontar con fondos propios, procedentes de los contribuyentes, los desajustes producidos por errores mayúsculos de algún que otro responsable de su mesa de contratación, sin haber tomado medidas de exclusión de estos cargos, ahora de nuevo imputados, que tantas muestras de ineptitud han dado.
En cuanto a las consecuencias de moral dañada que produjo en los socios de La Perdiz él no poder cazar bajo los signos convencionales que eran de pleno derecho, según resolución judicial, y de las que fueron indebidamente desposeídos o arrebatados por la consejería durante un periodo de tres años (tiempo que ha durado el contencioso), él cálculo estimativo se ha hecho con bastante objetividad, cuestión difícil de precisar, teniendo en cuenta el grado de insatisfacción sentido y expresado por cada uno de los asociados.
En otro orden de cosas, en este caso, relacionadas con la Federación Asturiana de Caza, manifestar por mi parte que, según mi criterio, carece esta organización, como una de sus señas de identidad que pudieran ser representativas de un trabajo eficaz, del sentido pragmático que la debería de caracterizar en la defensa globalizada de los intereses y utilidades que la caza tiene en y para Asturias. Debería ser el ente en cuestión, elemento capitalizador de voluntades que canalice acciones de cohesión y convergencia, tener una decidida participación y liderar aspectos reivindicativos, muy requeridos de forma unilateral desde otras instancias, léase sociedades de caza, de enorme trascendencia para el futuro de la caza en Asturias y si mi apuran, de nuestra economía. No sucede, no se da el caso de su presencia y pronunciamiento en estas necesidades, no se oye su “quejio” doloroso, como diría un castizo, se echa en falta su arbitraje en los medios de difusión, en la búsqueda de convergencias en el amplio panorama venatorio regional. Vive y trabaja la Federación Asturiana de Caza en una burbuja mercantil de un eminente sentido recaudatorio- Una verdadera lástima. En todo caso, la caza en Asturias se encuentra carente de vertebración, disgregados sus efectivos y sin capacidad de respuesta para aunar acciones concertadas. En eso, los cazadores también somos culpables. Es tiempo de hacernos autocritica, sobre todo, por nuestra falta de conjunción.
A la vista de lo acontecido y que relato, referido a la Perdiz, y el vodevil constituido alrededor de la futura adjudicación de un coto de caza, trasladado a los medios como campo de batalla, en donde, es posible se dirimen personalismos y viejas rencillas entre varias sociedades de cazadores, que abre otra página de descredito caído sobre responsables del ordenamiento y gestión cinegética asturiana, por su mal proceder no solo en este asunto, puestos en cuestión por similares motivos y con antecedentes de dudosa procedencia que nos hace preguntarnos ¿pero, en manos de quien estamos los cazadores asturianos?
Desde las instituciones públicas (incluyo a la Federación), por lo visto, poco bueno o nada podemos esperar los cazadores de esta comunidad en la defensa y mejora de nuestra actividad, tal es el grado de experiencia, en cuanto a sensaciones percibidas, acumuladas a través del tiempo, que nos hace ser realistas. Desear que haya regeneración en los concursos públicos, alejar estas, en ocasiones, dudosas prácticas, que posiblemente hayan quedado muy lejos de ser exactas en el cumplimiento de sus funciones dejando en entredicho a la Administración Autonómica. Tengo el convencimiento nacido de la observancia, de que ciertos cargos públicos, relacionados con la caza, no son los que están y tampoco están los que debieran de estar. Por tanto, la caza tiene que ser dirigida por personas cualificadas para estos menesteres en cuanto a su máximo nivel de responsabilidad directa. Y en otro orden de cosas, relacionadas con el mismo motivo, solicitar de esta insulsa y anodina Federación, un cambio sustancial en el fondo, del carácter reivindicativo que se precisa sea concreto.
