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siendo atacados desde dentro del sector, los principios y valores de
la caza social en Asturias? ¿Que es lo que se pretende? Al respecto
nos encontramos con actitudes inequívocas actuando de indicadores
que muestran el propósito de un segmento interior minoritario, pero
que se mueve y hace ruido; de tomar y hacer capitular de su condición
al vigente modelo de caza social que prima para bien en la actualidad
y desde hace tiempo en nuestra Comunidad. De forma que inquieta y
siembra incertidumbre, se viene haciendo apología con la coartada o
excusa de una supuesta necesidad para el sector redimensionar a
margen mas estrecho el rasgo especial (método único en España)
que caracteriza ejercer la caza en nuestra tierra; una actitud que
pudiera ser de utilidad para quienes se guían por la consecución de
intereses particulares escenificados en proyectos personales de
manera que vuelva el pasado de la caza privada, complementada con la
comercial, de aprovechamiento inmediato, que no es caza, ni algo que
se le parezca. Visto en perspectiva, lo cual quiere decir, que
teniendo en cuenta que las especies cinegeticas, como recurso
natural, son de propiedad pública, por tanto patrimonio de todos los
asturianos, no sería naba bueno, dejar sin la suficiente cobertura a
una afición de menor poder adquisitivo que caza en tiempos de
bonanza, en cuanto a la Caza Mayor se refiere, de forma modesta,
equitativa y racional.
Persiguen
modelar y acondicionar aspectos concretos de las actuales bases que
rigen para la adjudicación de los cotos de caza por el Gobierno del
Principado (esa es la clave: elemento principal del asunto), con la
finalidad de convertirlo en un nuevo escenario en donde se juegue
con otras reglas que permitan instrumentalizar espacios para
un mejor transito hacia perspectivas empresariales que buscan obtener
cabida y rentabilidad en el sector.
En
contraposición a estos deseos, se encuentran aquellas sociedades de
cazadores asturianas gestoras de cotos sociales, sin ánimo de lucro,
constituidas en plataformas fundamentales para la defensa y
proyección de nuestra caza, mostrando el hecho incontestable de su
arraigo en las zona objeto de acotado que administran en grado de
madurez y eficacia, acumulado experiencia después de largos años de
administración, así como la influencia beneficiosa que han ejercido
mediante el dinamismo potencial de su actividad sobre el control,
fomento y protección del resto de la fauna silvestre en sus
respectivos territorios. Una situación de facto, solida y solidaria,
que ha venido generando beneficios económicos y sociales de amplio
alcance en sus respectivas zonas; por tanto dignas de ser reconocidas
y tenidas en cuenta, cuestión que las ha hecho acreedoras a seguir
manteniendo el estado favorable de ventaja comparativa en concursos
públicos, frente a otras opciones que son, sin duda sinónimo de
desigualdades generadas por sus elevados costes.
En
Asturias, los aspectos generales de la Ley de Caza en vigor y el
Reglamento que la desarrolla, no contemplan, en ningún caso, la
posibilidad de constituirse en excluyente. Por eso, querer cambiar el
pragmatismo ideológico que debe prevalecer sobre todas las cosas en
una nueva Ley que pudiera conllevar medidas arbitrarias alejadas del
carácter integrador que la han venido caracterizando, carece, como
es lógico, de estima y aceptación por la inmensa mayoría de los
cazadores asturianos. Para la caza de nuestra Región, es
conveniente, más que necesario, hacer reformas oportunas
equilibradas que no hagan perder la distintiva de su condición
social, garante por si misma de un régimen de igualdad de
oportunidades para todos los cazadores; así mismo, igual de
importante, que se produzcan ayudas dirigidas a fortalecer los
presupuestos de estas organizaciones mediante apoyo financiero
proveniente de fondos públicos (dejar sin efecto por el Principado,
el cobro de la tasa de aprovechamiento, sería una primera apuesta
por la colaboración), en relación a la envergadura de las
prestaciones que ha venido concediendo y concede al conjunto de la
sociedad; de igual modo, homogeneizar políticas económicas
reciprocas y mancomunar servicios en el tiempo, que garanticen la
estabilidad y fomenten su desarrollo.
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