Mi asombro se eleva al
cuadrado al no dejar de sorprenderme las
motivaciones o argumentos en clave de dislate que se emplean en determinada
ideología conservacionista del medio natural contrarias a la caza, para hacer valer su fuerte
oposición a este ejercicio.
Sucede que, un
conglomerado de siglas de variopinta composición animalista, en un comunicado
conjunto, exhortan a nuestros representantes públicos sobre la conveniencia de
arrebatar a los cazadores asturianos, la que dicen y aseguran ser, una
situación de privilegio, en orden a los apoyos que recibe este colectivo por Gobierno del Principado, en reciprocidad por
la supuesta influencia que el sector cinegético de nuestra comunidad pudiera
tener oportunamente con la prestación de
su voto electoral hacia el partido
político gobernante en la actualidad.
Ciertamente, una situación la que pretenden transmitir deforme de la realidad, que en ningún caso
obedece a criterios objetivos. Interesa, por la buena salud de la caza y todo
lo que de ella se deriva, decirles a esta recopilación gremial que tan obcecadamente, de forma indebida e
incierta, nos señalan con el dedo, en
versión digna de una irrefutable verdad que, todo lo que afecta a la caza en Asturias, en
materia de obligado cumplimiento legislativo, se ha venido gestando por la administración,
desde un exiguo consenso (las mas de las veces, ninguno) con los representantes
de los cazadores y por decreto; causas
que padecemos. Se debe considerar desde el colectivo cinegético, lo inverosímil
de tales afirmaciones, revestidas de infundios, que nos sitúan a los cazadores
de esta región en la vertiente conspiratoria, como un lobby poderoso con
capacidad de intervenir sobre modelos reglamentados en factores de conservación
y ordenamiento de recursos naturales.
En esta ocasión, han vuelto de nuevo a las andadas con su
característica metodología consistente en lanzar soflamas reivindicativas sobre
aspectos concretos que defienden y, para ello,
nada mejor que centrar sus rutinarios y equívocos ataques sobre la caza,
huérfanos de mantener el componente de
un lenguaje constructivo, buscando, por todos los medios, el descredito
ante la sociedad civil de una noble actividad.
El punto de referencia
con el que en este comunicado se nos relaciona a los cazadores, hace mención al
lobo, como eje principal. Y, como siempre, de nuevo la caza es el centro neurálgico en donde verter hacia ella sentimientos
de culpabilidad, para que la intransigencia conservacionista gane adeptos al populismo
que tratan de representar. Es cierto, que no somos los cazadores de esta
tierra, aquellos a los cuales se les puede atribuir la regulación de
lobos en este pequeño solar patrio. Y, no lo somos, toda vez que el lobo es una
especie la cual no está declarada cinegética y por tanto no está sujeto su
aprovechamiento a nuestra actividad, habiendo quedado excluidos de estas prácticas
por decisión unilateral de los
responsables del órgano competente en materia de gestión medioambiental. Una
actitud consolidada de inadmisión de la caza que se mantiene desde tiempos
inmemorables, haciendo que cualquier circunstancia que ocurra en torno y por el lobo, no sea por acciones
de aquellas personas que ejercitan el arte o deporte de la venatoria. Por
tanto, siempre que desde la disidencia con la caza, se hagan alegaciones
relacionadas con pérdida de ejemplares del carismático animal, icono del
ultra-proteccionismo de la fauna silvestre, bueno sería interferir en los
alegatos que nos hacen cargo, rebatiendo
la tendenciosidad de tan mañas incriminaciones.
Por eso, hay que recordar a los actuarios que dieron vida y firmaron
el felón discurso que, la alta densidad
y diversidad de especies cinegéticas que han colonizado en plena libertad
espacios naturales de la comunidad asturiana, como nunca se había visto con
anterioridad, no ha sido concebida por generación espontanea. Obedece, sin duda,
a varias causas: fundamentalmente a la planificación y desarrollo de un trabajo
corporativo que las sociedades locales de cazadores asturianas han sabido
conducir con sensibilidad, respeto y eficacia. Una situación de facto que
contradice la opinión de organizaciones y asociaciones ecologistas que expresan
su preocupación por la tipología de una supuesta política que el Gobierno de
esta región está llevando a cabo, cuando afirman estar atentando y poniendo en
peligro la preservación del patrimonio
natural con una negligente e improvisada gestión en materia de caza, en favor
“únicamente “ de los intereses de quienes componen el sector cinegético”, en aras de obtener “escasos réditos políticos”
de los cazadores.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.