No afirmaré con rotundidad que todo el
personal perteneciente a la estirpe del manejo
político, tenga o haya tenido en tal o cual legislatura, la perpetúa
actitud de situarse en la indiferencia absoluta hacia el espectro cinegético
español.
La falta de
apoyo a la caza en versión institucional, se ha convertido, salvo escasas excepciones, en sistemática. Estamos
ante otra nueva movilización de la masa de cazadores españoles. Anuncian desde
la ONC (Oficina Nacional de la Caza),
actos de concentración conjunta entre diversos sectores afines, por su relación con las causas que los
mueve. Trataran de convenir con el Gobierno, entre otras peticiones, una
superior mejora de consideración del poder público, cara al conocimiento por la
sociedad, en lo que suponen los valores que representa y tiene la actividad
cinegética.
Es algo
que, evidentemente, se echa en falta. La caza se encuentra huérfana de
amparo de las instituciones públicas que
la prestigie y ponga en valor el ejercicio ético de su práctica tan sumamente
denostada. La caza, en versión economicista tiene índices interesados en darle
continuidad a su expansión. Extremadura
y Castilla la Mancha, son por la
excelencia económica que deriva
el potencial cinegético de que disponen ambas regiones, las principales,
por no decir únicas, comunidades autónomas que mayor y mejor atención prestan en el
mantenimiento en la defensa de su
actividad. Les va mucho en ello. Es posible que a los respectivos gobiernos de
estas dos regiones no los mueven principios solidarios con la caza tradicional,
como sería de desear. La caza en esas tierras españolas, tiene connotaciones de
otra índole, distinta a la que se practica de forma social. La influencia
cualitativa y cuantitativa de la caza
sobre el Producto Interior Bruto en ambas partes es de suma transcendencia.
Cuando de
caza se trata, nos damos cuenta que existe desplegado un velo de silencio en el
hemiciclo de la comunidad asturiana,
alterado únicamente de forma circunstancial, oportunamente, durante un corto
espacio de tiempo, por un voluntarioso prócer de la política asturiana, oído
por la bancada sin prestarle quizás, la debida atención.
No veo en
los responsables públicos (los ahora y los de antes) que ejercen su autoridad en esta comunidad, nada
característico que les identifique en un proceso que tenga como eje vertebral
acentuar la necesaria consistencia y la sostenibilidad en el tiempo de una
instrucción tan sumamente ligada a la defensa de la naturaleza en sus versiones
de fauna y flora, tal y como debieran de entender la caza. Es posible que hablar de caza en el foro
ciudadano integrado por nuestros representantes políticos, más que nada, pudiera
parecer una cuestión de principios mal entendidos. Debieran de ser conscientes
los interlocutores oficiales, que la caza en la actualidad se ha convertido en
una poderosa industria con intensiva presencia activa en distintos campos
sectoriales, necesitada de ser tenida en cuenta la problemática que la embarga.
No hay
pues, por tanto, paralelismo en la reciprocidad, a diferencia de otros sectores
manufactureros, en el apoyo a este tipo de industria. La caza, es obvio, les
cuesta referirse a la impronta excelente que emana de su actividad en diversos
campos. Una clase de gente que evita referirse a ella; no quieren explicar los
conceptos de su buen ejercicio, como resultas de una posible contaminación que
deteriore la imagen pública de que hacen gala y se revisten, si tenemos en
cuenta el alto grado alcanzado de desprestigio de que goza en la actualidad el
gremio de la venatoria.
