CUALQUIER MODALIDAD DE CAZA, MONTERÍA, BATIDA O GANCHO EN CUALQUIER REGIÓN DE ESPAÑA, PODRÍA SER OBJETO DE INSPECCIÓN POR LOS SERVICIOS RECAUDATORIOS DEL ESTADO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.
Se incrementan en este
sector las desavenencias con la administración central del Estado. Una
industria, la de los rehaleros, sumamente apegada a numerosas monterías clasistas
sureñas y del centro de nuestro país; todo
por el control económico y laboral que sobre las mismas están ejerciendo
diversos organismos estatales a través de inspecciones “in situ”, en relación
con la actividad que viene prestando a las sociedades orgánicas de caza encargadas de su contratación.
Ciertamente en el gremio que regentan las jaurías, se acentúa
en las estructuras de su representación el aliento controlador de la fiscalidad
y la seguridad social, muy pendiente estas instituciones públicas, de ajustar e
incorporar a su control presupuestario, aspectos contributivos que se
consideran aún no registrados, a
expensas de una mayor
contribución económica al conjunto de
las arcas del Estado.
El sector
principal, el de las rehalas, y sus
derivados, que se sienten oprimidos ante
la realidad de tener que soportar una mayor carga fiscal, así como la
adaptación de sus contrataciones de personal a las leyes que rigen el mercado
laboral, atención al I.V.A. etc., han
puesto el “grito en el cielo” ante las medidas que se fraguan desde las
entidades gubernativas. Lo consideran altamente desproporcionado. Aducen, como
argumento principal de sus quejas, que la actividad que ejercen, lo hacen “sin ánimo de lucro”, puesto que,
según se deduce de lo que nos dicen, las
pérdidas, más que otra cosa, son su
patrimonio principal, por el alto coste que supone el mantenimiento y otros gastos de sus
perreras para estos fines venatorios.
Algo que se supone no es toda la verdad. El asociacionismo de este cuerpo de
rehaleros, les conviene decir que, de persistir en el afán que denominan
intervencionista y otras medidas (sanidad, seguridad, tributación) entrarían en
un tiempo de catarsis que les llevaría, de hecho, a su desaparición definitiva; por tanto, con el añadido de las consecuencias negativas lógicas que
repercutirían directamente en distintas franjas industriales, sociales (principalmente en forma de salarios y ayudas
complementarias, como ingresos familiares), agrarios, etc. por falta de
actividad cinegética en fincas
La lucha que pretenden establecer en defensa de lo que
afirman ser sus intereses, a mi juicio, se encuentra circunscrita a la
credibilidad necesaria de sus pretensiones. No está siendo del todo objetiva,
realista, por así definirla, desde mi criterio personal, puesto que el
principal del asunto que se traen, lo deben de trasladar sobre aspectos
intrínsecos en la mejora de la facturación ajustada y suficiente que hacen por
sus servicios a las orgánicas que las contratan. Es ahí, donde se encuentra el quid de la cuestión.
¿Pudiera existir debilidad en el precio a convenir dada la dura competencia en
que se encuentra el sector? o, bien, por el contrario ¿es el régimen de las orgánicas encargado en desarrollar un
papel abusivo, de salario indebido, que impide obtener la liquidez necesaria al
dueño de la rehalas para afrontar con dignidad sus obligaciones, cuando se las
exijan, con el fisco y el Ministerio de
Trabajo? Es por ello, que el “modus vivendi” de los gestores de estas
rehalas debe revitalizarse en orden a reivindicar unos superiores ingresos que
les proporcionen sus patrocinadores.
El dinero afluye generoso en este
tipo de monterías; son exclusivas para aficionados de clases acomodadas, que
demuestran tener un alto nivel adquisitivo, si tenemos en cuenta los niveles que se barajan, en cuanto se
refiere al costo elevado, prohibitivo e inalcanzable para el más común de los
mortales, que supone proveerse de un permiso
para acudir a estas citas. Todo un movimiento económico con evidente ánimo de
lucro que, en tiempos de crisis, ha
hecho que la administración central haya puesto sus ojos en estas suntuosidades,
reactivando medidas que parecían olvidadas o intocables y, no es de extrañar, que impida dejar algún eslabón perdido sin
rendir las necesarias cuentas a las arcas del reino.
Ser dueño de una rehala de
prestigio en calidad y cantidad, no cabe duda, requiere como principio de las
cosas, ser poseedor de una gran afición
y conocimientos en la materia que tratan; estas deben de ser las principales
señas de identidad de sus dueños. Sin este sentimiento o pasión difícil sería
dar continuidad a un ejercicio que
precisa de demostrada vocación. Los rehaleros no tienen que ser los últimos
tenedores en soportar la presión fiscal, ni tampoco estar exentos, en la medida
en que lo estén, tal y como hasta ahora.
Aquellos que hacen uso de sus servicios,
serán el soporte primitivo más acusado de una cadena de transmisión que
haga llegar fondos, vía destino a la caja común del estado, en la cuota alícuota que les corresponda. La
caza, en las condiciones elitista en que la practican hay que pagarla.
Ello no es óbice para que la actividad
rehalera que recoge beneficios y todo su mundo, no se encuentre sometida a control tributario
y otros dependientes del estado, al igual que cualquier otra actividad económica.
