Viene esto a cuento, porque he leído en un diario regional que un ayuntamiento asturiano, secundado por los cazadores locales, reclama a la administración regional el retorno a sus lares de las subastas de caza. Un formulismo eliminado en su día en Asturias, una vez que fueron transferidas al Principado las competencias en materia de gestión y de aprovechamiento de los recursos naturales (la caza es uno de ellos), y por tanto, las especies cinegética consideradas como patrimonio público. Alguna cuestión más se interpone en este deseo por el municipio solicitante, como es la de instalar una prerrogativa en orden a establecerse en el consistorio, la prebenda de ser el encargado de distribuir, en régimen de concesión, los derechos de caza, caso de serles adjudicados desde el Principado. De ser complaciente nuestra administración en estas peticiones habría que preguntarse ¿para que esta la consejería, sino es para regir y ordenar el espacio cinegético? ¿Qué competencias puede tener un ayuntamiento en estos menesteres? En tal caso, habría que cambiar la Ley de Caza y su Reglamento. Sobrarían los funcionarios.
Previamente a la creación de la Ley de Caza de Asturias de 1989 (una década antes), se constituía un singular procedimiento pionero en nuestra comunidad, mas tarde secundado en otras partes del estado, en materia de expedición de permisos de caza con derecho a ejercitarlos en nuestras reservas y cotos nacionales, como han sido las subastas de caza. El hecho en sí consistía en la cesión por él I.C.O.N.A a los Ayuntamientos enclavados dentro de estos terrenos de régimen especial, de un cupo de piezas de caza de forma compensatoria y en evitación de tener que efectuar pagos en efectivo a estos municipios en concepto de tasas de aprovechamiento por la extracción de estos recursos naturales que son las especies cinegéticas).
Nacían pues unos concursos públicos de “pujas a la llana”, a celebrar por las casas consistoriales en los que el mejor postor adquiría para su titularidad y uso, de la debida autorización que le permitiera realizar un lance de caza en terrenos de tanta querencia como son las reservas. Seguramente los motivos que incidieron para que estos hechos sucedieran, habría que buscarlos en las penurias económicas que aquel tiempo atravesaba el mencionado Instituto en su estado financiero. Se desligaba de la obligatoriedad de tener que efectuar desembolsos pecuniarios a estos municipios, compensándoles con la entrega de bienes públicos (es decir, pagarían en lo sucesivo en especies, nunca mejor dicho) como son las especies de caza para su posterior venta al mejor postor.
Una medida que si bien a los municipios afectados les supuso una captación de ingresos atípicos, complementarios como relleno cuantitativo a sus respectivos presupuestos y distintos de los que venían percibiendo a través de cobros de impuestos y tasas, si trajo consigo serias restricciones para el cazador de economía modesta, al que se le recortaban sus derechos en el trato de igualdad de oportunidades, ante la imposibilidad de acudir a estas pujas, dado los altos precios que en éstos actos quedaban definitivamente instalados ¿Porqué digo que se recortaban derechos a este tipo de aficionados? Independientemente del costo alcanzado por los permisos (para la mayoría nos hacía inviable que nos fuese adjudicado uno de estos), se retraía del sorteo general de caza a celebrar por la consejería del ramo, un número determinado de esta fauna venatoria (corzos, rebecos, cacerías de jabalí, venados, gamos, permisos de caza menor, etc.) previamente asignado al mismo, cuyo destino tomaba rumbo a los ayuntamientos y cazadores locales en detrimento y exclusión de cazadores foráneos con rentas más bajas.
Estas corporaciones, sus regidores, salvo honrosas excepciones, han carecido siempre de interés en los trabajos de consolidación en la mejora de sus hábitats cinegéticos. Seguramente más preocupados por otros aconteceres, es de suponer, mucho más premiosos, del día a día de las políticas para la ciudadanía de quien dependen. La caza no era su preocupación, tampoco los ocupaba. Hemos sido los cazadores con la elaboración de planes de control, protección y fomento ejercidos sobre la caza, con inversiones cuantiosas en seguridad y vigilancia, los que hemos conseguido ser, a través de los sucesivos Planes Técnicos de Caza y su racional ejercicio, los auténticos válidos en la consolidación de estos hábitats cinegéticos.
Estos regidores con desvergüenza y desfachatez, exigen “el total del monto, a poder ser todo; no se les llena la boca con nada. Los altos precios que rigen en la actualidad en las subastas es la consecuencia de su codicia. Han sido los impulsores y culpables de la desorbitada cuantía que los permisos caza tiene fuera de los cotos sociales. Aún se sienten insatisfechos por lo que las exigencias son cada vez mayores. Quieren más, han encontrado en la caza un autentico “chollo”, algo que les vino rodado, sin moverse, gracias a los cazadores. No obstante se viene observando una reducción en el valor crematístico que ha llegado alcanzar los permisos en estas licitaciones. Aquí, en la cinegética, la crisis también se instaló. Ha sido significativa la falta de demanda y el declive de precios y también de piezas sobrantes sin vender. No ha sido posible para estos certámenes adjudicarlas todas, salvo con remates finales de ofertas y ni aún así. Lo que antes costaba abatir un lobo 12.OOO. Euros, su costo final se ha adjudicado por algo más de 3.OOO; en igual sentido para el macho montes, venados, etc. Un síntoma esclarecedor que nos alerta sobre el actual estado de las cosas en materia de caza. La crisis del ladrillo es profunda y aquellos que hacían causa común mostrando sus ostentaciones, hoy se ven abocados a reducir cuantitativamente su presencia en estas mascaradas.
