La caza deportiva tiene todos los visos para no ser el método
que regule el 75% de los ejemplares
sobrantes (unos 2.600) de Cabra Hispánica en la sierra madrileña de Guadarrama.
Los criterios que exhiben los gestores para dejar fuera a la caza “son de
conservación, nunca por su valor recreativo ni económico del trofeo”.
No centraré mi
atención en las causas que supuestamente
han motivado que en los aludidos terrenos el nivel poblacional de esta especie
haya sobrepasado todas las expectativas de crecimiento sin que probablemente se
adoptasen medidas oportunas que
corrigiesen los efectos negativos de tan desproporcionada evolución
demográfica. De una situación con
iguales o parecidas características, aquí, en Asturias, en las reservas
regionales de caza, ya se tienen
antecedentes de estas irregularidades. Tengamos bien presente lo
ocurrido con el Gamo en la Reserva del Sueve, zona colonizada en su día por más
de 1.500 ejemplares de este ungulado, en
donde la impronta dejada de su huella en el ecosistema, cuándo de hábitos
alimenticios se trata, estuvo a punto de
causar un impacto irreversible sobre el medio debido a una altísima concentración
de ese tipo de fauna.
Regular el proceso que
permita una sostenibilidad adecuada del bóvido en cuestión, requiere de
extracciones controladas. Según se prevé e informan. A tal fin, serán los
funcionarios (guardería), especialistas en gestión cinegética o personal
designado por los gestores del Parque Nacional a quienes se les encomiende este
tipo de operaciones. Queda la caza, de nuevo,
de forma que no se comprende, fuera de estas medidas paliativas
Una decisión que ha generado polémica; era de esperar que la caza no se quedara de
brazos cruzados ante una agresión tan sumamente partidista, con ribetes de
sectaria, carente de toda lógica. Por el medio andan los ecologistas
presionando a sus correligionarios incrustados en organismos estatales,
producto de pactos políticos, con fines de hostigamiento hacia cualquier
concepción y desarrollo de la caza.
Ante el hecho de esta naturaleza, la intención primaria que
me anima a escribir sobre este asunto, trata de constituirse en una cierta alarma. Todo
un síntoma que conforma sin duda, un carácter de reprobación del que deberíamos
prevenirnos los cazadores asturianos ante la posible implantación, en un futuro
a medio plazo (dependiendo de la conveniencia política) de talantes coercitivos
derivados de influencias externas provenientes de organizaciones conservacionistas
y de otros perfiles con vinculación a este campo, con suficiente peso específico
en los distintos gobiernos regionales e imponer sus tesis absolutistas, en las que
la caza será un ejercicio a erradicar
definitivamente.
Me temo que serán medidas draconianas contra la caza en
Asturias que sean las que se implanten en un nuevo texto legislativo, que
entiendo sería innecesario su realización, por excluyente. Debemos entender que
el sector involucrado en la persecución a la caza, cuando de pactos políticos
se habla, centra sus peticiones sobre gestión del ordenamiento cinegético y
aprovechamiento de las especies
venatorias, en privar a los cazadores
de hacer propuestas, de expresar
sus experiencias de gestión, de ser núcleo principal de consultorías y, en
definitiva, dejarla fuera del carácter decisorio. Pudiera parecer una broma de
mal gusto, por más que una injusticia.
Así, las cosas, tal
vez pudiera derogarse la actual Ley de Asturias de la Caza o someterla a un
control distinto enmarcado en una código medioambiental único. Si la caza, en
lo que representan sus prestaciones, quedase derogada no parece necesario
legislar sobre una actividad inexistente.