Crecen en
intensidad las críticas sistémicas avivadas con calificativos de grueso
calibre, pronunciados sobre máximos responsables de la gestión y ordenamiento
cinegético en nuestra comunidad; a lo visto y oído, acometidas sin precedentes,
de dura acusación sobre ellos.
La deriva
de la sospechada ineptitud e indolencia administradora de los responsables
políticos que supuestamente han consentido y auspiciado irregularidades en el
sistema actual de caza asturiano pudiera ser una de las causas importantes de
estos efectos, a falta de otras, que no añaden ninguna solución creativa
interesante ni, por supuesto, una pacificación de los frentes abiertos en el
sector. Aquellos que arremeten contra la servidora pública, de la forma que lo
hacen, convertida en villana y víctima, paradigma de los males que afligen a la
actividad venatoria asturiana, se contravienen en las formas, aunque subyazca el
fiel reflejo de una realidad que no es absoluta.
Un contexto
virtual consecuencia directa de una heredad improductiva de larga trayectoria
en su composición y desarrollo, establece que no todos los males son achacable a la
censurada y zaherida política. Evidentemente tiene parte alícuota importante como responsable de su función pública, para
bien o para mal, que de todo habrá en el
fiel de la balanza, en ciertos aconteceres
de pasado reciente y de actualidad. Los
problemas de los cazadores asturianos, entiendo se debe interpretar, no han nacido
ahora, aunque persistan. Retrocedamos en el tiempo.
Atrás,
mucho antes que la aludida responsable accediera al cargo oficial que hoy ocupa, quedan promesas de proyectos
en relación con la caza, de cambios y mejoras en el contenido de la legislación que ordena la actividad del sector. Hubo
tiempo suficiente, en diferentes etapas, con
gobiernos regionales de distinto
signo en que, por acción u omisión no fue posible, más que nada, entiendo yo, por no haber querido habilitarlos. Regenerar
la política cinegética asturiana, precisa de mecanismos superiores más que requerir un mero ejercicio de sobreexigencia de
responsabilidad, que también. Las diatribas que se hacen, en las formas en que
se circunscriben, perjudican notoriamente al sector. Ayudan poco a construir
puentes de entendimiento.
No es eso
lo que se precisa como necesario, ni siquiera conveniente, puesto que la fuerza de la razón, si la
hubiese, se desvaloriza en la
inconsistencia que produce insultar. Cada uno debe tener derecho a expresarse,
la cuestión civica obligada es hacerlo de una manera razonable. El mecanismo de
emitir aventados vejámene como estrategia; persistir en el enconamiento de un
discurso de tales características, nunca ha funcionado, nada se consigue, puesto
que el imputado, al sentirse herido, se
guarnece en su defensa como ataque: la tradición lo certifica, más bien actúa de acicate para el encausado a
quien van dirigidas.
Nadie tiene salvoconductos morales y legales, que
le permita emitir con desmán, adjetivos calificativos de muy mal gusto, incluso burlas vejatorias hacia
sus semejantes, como las escuchadas, que facilitan vislumbrar un aparente
ajuste de cuentas con el pasado y el propósito de excitar la demogresca
avivando el resentimiento social hacia personas que cumplen mandato en funciones
institucionales públicas. Son Las formas a las que aludo, no el fondo.
Se ha cruzado el rubicon de las vehemencias
verbales. Paso arriesgado sin duda.
