Es
muy necesario preguntarse por las consecuencias que esto puede llegar
a tener (un enorme coste para el erario público de efectos
inmediatos), cuando la realidad camina en sentido contrario de lo que
pretenden quienes desde la celebración de un proceso discursivo
carente de relación con la verdad, pretenden identificar a la
actividad cinegética como una agresión hacia la naturaleza más que
haber contribuído a protegerla para conservarla.
Busca
obtener el Gobierno Central, la aprobación de un texto legal de
amplios conceptos que sirva para determinar un nuevo orden en materia
de protección de los derechos de los animáles (domésticos y
silvestres), entre otras cosas, de cuyo amplio contenido ha informado
en comparecencia pública. Quiere el ejecutivo establecer un novedoso
diseño dentro de un marco legal, como forma de involucrarse
activamente en la consolidación de una estrategia donde se extienda
la responsabilidad penal de la persona fisica y juridica hacia actos
perjudiciales que se produzcan contra todo tipo de fauna. Sirvase a
la vez como instrumento eficaz de carácter disuasorio para prevenir
la infracción de normas en evitación de eventuales sanciones.
De
todo este conglomerado de enunciados, se deduce que la caza no estará
exenta de sufrir la posibilidad verosimil de que disponga de menos
alternativas de estabilidad y un panorama problemático que les
podría provocar una seria crisis. No será solo mera cuestión de
reajuste o modificación de sus conceptos fundamentales; el proceso,
no se detendrá únicamente en ese intento de desmantelamiento; no es
aventurado decir (nada tiene de extraño) que habrá una etapa previa
de presión y desgaste de metodo solapado; un episodio que irá
creciendo de forma gradual con el deseo de darle el autentico
finiquito. Sin embargo, no les resultará fácil. Se tienen que tener
muchas cosas en cuenta que lo dificultaría. La industria y el medio
rural necesitan de la caza como elemento productor de trabajo.
Asimismo,
del plan gubernamental interesa también destacar la influencia
negativa que tendría sobre el principio de igualdad de oportunidades
Y es que, la caza volvera a ser lo que era: un ejercicio donde los
cazadores de alto nivel adquisitvo, una vez cerradas sus
posibilidades de cazar en España gozarían de una ventaja
comparativa, puesto que trasladarían sus objetivos hacia otros
paises; posibilidades materiales no les faltarán; todo lo contrario
que los aficionados de modesta economía, obligados por imperativo
legal a quedarse en situación de marginados.
Ello,
sin duda tiene a la vez el significado de una deslocalización de
inversiones y una salida de capitales de nuestro país. Se agudizaría
la precariedad en el consumo interior de bienes y servicios en las
regiones rurales y afectaría a las libertades civiles. Así las
cosas... que decir a Extremadura, Andalucia, a provincias como
Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Jaen y aledañas, todas ellas
declaradas, zonas de especial relevancia cinegética, donde la caza
cobra especial protagonismo, debido a su capacidad para albergar una
gran variedad y densidad de especies venatorias, asi motivo de una
gestión y ordenamiento encomiables en sus respectivops habitats.
Todo ello, tiene el significado de la llegada masiva en temporada de
caza, de cazadores procedentes distintos países, con gran capacidad
de gasto e inversión, aspectos definitivos que suponen una buena
forma de asignar y asegurar recursos económicos complemenntarios a
numerosas familias del sector primario. Ahí en esas zonas les
resultará muy problemático decir que no habrá más caza, si antes
no media la seguridad de un plan de reconversión eficaz