Existe preocupación en un sector, como es el de la industria armera fundamentalmente, a instancias de otros en menor grado, por una previsible intervención, desde la Unión Europea, que derive en una reglamentación de carácter restrictivo sobre la tenencia, uso y comercialización de la armas de caza y tiro.
Hay movimientos en torno a este asunto. Desde la Oficina Nacional de la Caza, órgano adscrito bajo la tutela y patrocinio de la Federación Española de Caza, se ha destapado el caso. Se tiene conocimiento a través de los contactos en Europa de uno de sus miembros (la Federación Sectorial Armera) de un elaborado estudio que tiene como objetivo aprobar nuevas limitaciones que facilite reducir la amenaza de las armas de fuego.
EL motivo conductor que describe el ambiente creado, nos dicen, tiene su origen en la ratificación de muchos Estados en el PROTOCOLO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO, que prohíbe la fabricación ilícita y el tráfico de armas de fuego entre Estados sin el conocimiento y el consentimiento de todos los países implicados. Basándose en él, la UE ha adoptado normas severas para controlar la exportación e importación de armas de fuego que permiten localizarlas más fácilmente. Estas, entre otras, son las razones poderosas que esgrime la Directiva de la Unión Europea.
Nada se sabe aún sobre las líneas maestras de este nuevo proyecto, más que la idea global. Con diligencia muy prematura (aun está todo muy tierno) se empiezan a levantar voces contrarias ante este supuesto, en prevención de que pueda llegar a normalizarse con rango de Ley. La propia ONC que preside una persona, me consta, lo suficientemente cabal, amante y defensor de la caza, estrechamente ligada a la industria armera familiar, todo un síntoma que identifica la prioridad, en esta ocasión, de sus intereses, ha tomado las riendas de las discrepancias sobre el proyecto en cuestión, haciendo un llamamiento a la ciberacción intensa (denuncia masiva por e-mail, móviles o la propia Red) tratando de aunar esfuerzos entre los posibles damnificados (cazadores españoles y otras disciplina deportivas relacionadas con las armas), con el objetivo de minimizar daños en la medida de lo posible.
Desde la ONC se ha “tocado a rebato”, alarmados por algo que consideran pudiera ser especialmente dañino para los cazadores. La claves de esta movilización que se solicita, a mi juicio, no está tanto en defender a la caza como a los fabricantes de armas. Parece, tiene todos los visos de ser una realidad, que el sector armero esté mostrando una sensibilidad especial sobre el caso, sea el precursor e instigador principal de estas iniciativas, es de suponer por lo mucho que le va en ello. Buscan, los industriales de este gremio, la connivencia de la representatividad de los miembros de base de la ONC, (el 70% de los cazadores españoles) a los que fueron llamados a elaborar una campaña de acoso y derribo de esta futurible norma, formulando quejas masivas en vivo y en directo por razón de un cuestionario compuesto de 25 preguntas que corre por la Red.
Por otro lado, a la tenencia y uso de armas de fuego por el cazador, en cuanto le atañe, cabe decir, según mi criterio, que quienes se verán más afectados, caso de una supuesta condicionalidad leonina de la reforma que se pretende sacar adelante, serán aquellos cazadores que hacen acopio en sus armeros, de una gran variedad de escopetas y rifles por mor de un almacenamiento considderado excesivo en número de armas que pueda chocar frontalmente con las limitaciones que se puedan implantar. El uso del arma para el cazador de un nivel adquisitivo menor, o de economía modesta, no creo sufra cambios sustanciales en su manejo, abocado a defenderse en otras condiciones. En nuestro país no caben más restricciones en los utensilios necesarios para la actividad cinegética, si tenemos en cuenta que, en materia de armas, sufrimos la legislación más penal del mundo. Con la actual, ya tenemos bastante y nos sobra.
