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Blog de Caza
10 de Julio, 2011    General

SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO Y LOS DAÑOS QUE PRODUCE LA CAZA

ES MUY NECESARIO EL REPARTO EQUITATIVO DE RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y ACCIDENTES DE TRÁFICO CAUSADOS POR LA FAUNA CINEGETICA.

A estos efectos es de necesidad y de máxima  urgencia (el tiempo que queda  es escaso, se agota sin que aparezcan soluciones)  se adopten en nuestra Comunidad  medidas justas y equitativas de carácter legislativo en materia de compartir responsabilidad e indemnizaciones, en los daños causados en sembrados por animales de caza y también   la irrupción de estas  especies  en nuestras carreteras que originan accidentes de tráfico con  victimas,   al objeto de que sobre  las gestoras de cotos sociales de caza, no recaiga sobre ellas toda suerte de penalidades derivadas de los  perjuicios que producen las especies cinegéticas. Una situación de facto que viven estas asociaciones, obligadas a soportar fuertes desembolsos de sus débiles presupuestos, como desempeño compensatorio a unos damnificados del medio rural  y sobre aquellos otros derivados de su faceta de  únicos  responsables que la Ley de Seguridad Vial les otorga,  que a muchas las han puesto en situación irreversible de abandono y de desahucio. Es esta finalidad, desistir por parte de algunas sociedades como titulares de cotos  de caza,  ante los imponderables surgidos  en la gestión de estos terrenos objeto de acotado que les dificulta la atención debida en las responsabilidades contraídas al  no poder atender en tiempo y forma,  vía indemnizaciones a los afectados, por lo exiguo y apretado de sus estados financieros, alcanzaría un grado de notoriedad muy nocivo, de graves consecuencias, no solo para el sector de la venatoria,  sino que también para la industria y el agro.

Por lo tanto, la situación al límite de sus posibilidades, debe de entenderse, por parte de las administraciones autonómicas y estatales, como un hecho irreversible la desaparición de gestoras (si antes no se pone coto y freno a estas huídas), de terrenos de caza de régimen especial ahogadas por las deudas. Dos cuestiones deben de prevalecer, según mi particular criterio y siempre respetando cualquier otro,  si se quiere evitar el colapso que esta situación inusual supondría. Por una parte tenemos los destrozos que la  caza hace en los campos de siembra y tierras de pasto asturianos (me refiero a la clasificada como cinegética), en el que el jabalí, cotizando al alza de su expansión y con una alta densidad en  numerosos asentamientos,  se lleva la “palma” como artífice de estos desperfectos y en la que el corzo,  de menos recorrido en sus hábitos y costumbres, de marcadas querencias y apego a un determinada demarcación territorial, no le va a la zaga al suido en zonas puntuales de plantaciones de árboles frutales (los brotes verdes parece son su debilidad).  El gobierno regional, ha hecho caso omiso y mirado para otro lado, no dándose por enterado  ante lo que hace tiempo ya se vislumbraba. Las sociedades de cazadores no podían de ninguna manera sostener el ritmo impuesto de los numerosísimos gastos que tenían que afrontar; se acrecentaban estos, debido fundamentalmente a la fuerte densidad alcanzada por el Jabalí y el corzo  (a pesar de los  numerosos abates que producen de estas  reses), algo nunca anteriormente visto en nuestra comunidad. La caza, para el sector rural, ha sido y sigue siendo, un complemento muy válido. El aprovechamiento de las especies por los cazadores, se debe entender, cumple una función social de ayuda y de apoyo, pues su práctica es depositaria de los principio de sostenibilidad que se requiere para la relación natural de la biodiversidad. Ello quiere decir que también las organizaciones agrarias, se benefician de  las numerosas extracciones que a través de su actividad la caza consigue, eliminando tensiones más cruentas que se pudieran producir sin su ejercicio, ante la supuesta  masiva presencia de animales salvajes en sus tierras de labor en busca de alimento. Por tanto no se debe dejar sola a la caza a la hora de atender requerimientos de pago de los daños que hacen los animales de caza. Deberán otras organizaciones relacionadas con el campo,  implicarse como copartícipes, en la medida que les corresponda, en paliar el daño sufrido en sus fincas, bien sea a través de subvenciones oficiales o de otra índole, suscribiendo seguros o de la manera que mejor proceda a sus intereses. Que no seamos los cazadores los únicos en atender estas necesidades.

 En cuanto al Principado, los fondos destinados a las sociedades de cazadores como ayuda, son  meramente testimoniales. Se circunscriben en la política seguida de desamparo a este colectivo. Podríamos decir que son irrelevantes. Tengamos en cuenta las cuantiosas pérdidas que se originan en las cosechas cada temporada, principalmente por las acciones del suido, sufragadas prácticamente en su totalidad por el colectivo de cazadores y por nadie más,  que para mayor abundamiento de datos, sufre en relación con este asunto,  las consecuencias de la inoportuna y siempre desagradable  picaresca.

En cuanto al otro orden de cosas, el que se refiere a los accidentes de carretera producidos por la irrupción de animales de caza, existen normas de aplicación (a decir de juristas)  en estos casos, que deberían interpretarse correctamente para determinar con exactitud a quién o a quienes corresponde  la   responsabilidad en este tipo de siniestros.

Diversos supuestos en estas cuestiones deben de ser considerados. Es hora de que se apliquen los baremos de rigor a que obedecen estos accidentes y se fijen  los culpables. En ocasiones las vías de circulación, en su estado de conservación, no es el más idóneo para ofrecer la debida seguridad en el tránsito de vehículos; no siempre los desbroces de la maleza laterales, más concretamente en aquellas rutas  comarcales,  son tratados para que el vial  quede expedito  y las señales sean visualizadas por el automovilista con la suficiente nitidez. Carecer de vallado en  autopistas y autovías o que presenten sus calzadas estado de deterioro,  velocidad inadecuada del conductor, vehículo con deficiencias que impidan una correcta utilización, inexistencia de paso de fauna en vías de vallado preceptivo, velocidad inadecuada,  conducir bajo los efectos del alcohol  o  alucinógenos,  son motivos reales para determinar las causas del siniestro y  adjudicar a quien corresponda la “paternalidad” de los hechos y sus consecuencias,   son aspectos ajenos a los titulares del coto,  que por el contrario, solamente les sería exigible la  reparación por mor del daño  que pudiera darse por estos accidentes a personas y bienes como consecuencia directa  de una acción colectiva de caza producida durante su transcurso y en el mismso día,  siempre ejercida sobre especies de caza mayor.

Para los gestores de estas áreas tan sensibles, con son los terrenos cinegéticos de régimen y aprovechamiento especial, con una alta densidad de fauna de caza, sostener únicamente  todo un sistema, como es la  garantía del pago de las indemnizaciones por los daños que estas origina en nuestros viales, significa un gravísimo problema. Algunos ejemplos son evidentes. Para una Sociedad de tipo medio-alto (17000 hectáreas  y 300 socios) la contratación de un seguro  que cubra los riesgos contraídos y aquellos otros futuros que se pudieran llegar a dar, supone tener que enfrentarse a un fuerte desembolso crematístico que supera  18.000.- Euros y una franquicia de 300 Euros, cantidades imposibles de sostener y máxime, teniendo en cuenta, los otros derivados por los mismos conceptos,  que afectan, como se ha dicho, al agricultor o campesino. Un cómputo global  que nos llevaría a destinar partidas a estas atenciones centrado en el 50% de los ingresos (cuantías insostenibles) de estas entidades,  que de seguir así,  se verían  abocadas al “cierre patronal”.

En España a diferencia de los países de su entorno, carece de una legislación adecuada, como asignatura pendiente, que habrá que aprobar, sea como fuese, (la situación no da para más, salvo que los cazadores abandonemos esta su  actividad, lo cual sería más perjudicial) que se equipare a la de sus socios europeos, en daños que nos ocupa, que jurídicamente sea clarividente en la corresponsabilidad y determine la parte alícuota de cada cual. Aquí en Asturias, deberán establecerse acuerdos tripartitos, Administración, Sindicatos del Campo y Cazadores, incluso la Federación,  tal y como en otras Comunidades, Galicia una de ellas, se está haciendo, con un reparto equitativo, fomentado desde la Consejería del Medio Ambiente, en aras de  una racionalización distributiva en la naturaleza de estos actos tan nocivos que la caza prodiga.

Es de desear,  por parte de la nueva administración regional, que  recoja el guante de este desafío y sepa adoptar decisiones inteligentes y trascendentales, como reafirmación de una decidida voluntad de atender con prontitud y sapiencia,  los asuntos generales  de la caza en nuestra Comunidad. El asunto es peliagudo. No les arriendo las ganancias.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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publicado por eduardobros a las 15:25 · Sin comentarios  ·  Recomendar
 
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