Es evidente que estas zonas no están exentas de considerarse especiales, un cariz predeterminado por la singularidad de su idiosincrasia que las hacen ser muy sensibles, debido a que en su interior, ocupando espacio en ciertas partes de las mismas, se encuentran importantes núcleos de población, zonas residenciales, de industria y de ámbito rural. Son circunstancias que se dan y que por tanto obliga a la administración a extremar medidas de seguridad en evitación de incidentes; no se debe de olvidar y tener siempre presente que la práctica del caza se realiza con un arma de fuego, con lo que ello supone, contando con la necesidad de legislar a tales efectos un estado cautelar de su actividad más eficiente en evitación de situaciones nunca deseadas.
De la composición de las zonas de seguridad, sobre la extensión territorial que alcanzaban sus límites, desde el Principado se hizo tabla rasa; es decir, habiendo áreas en las zonas que no ofrecían ninguna dificultad (como más tarde quedó demostrado,) no se consideró esta circunstancia dotando de forma cautelar, sin exclusiones, a todo un conjunto. Parece como posible que la intencionalidad de la institución era recortar paulatinamente el mapa cinegético asturiano y situarlo dentro de los parámetros de un bajo perfil de su estado participativo. (son conocidas frases de contenido crítico, contrarias a la caza, de conspicuos personajes, ejerciendo política activa en aquellos tiempos, por lo tanto con mucho poder, alguna todavía anda por ahí, que alardeaban machaconamenete con suma prepotencia e ignorancia sus deseos de acabar con la caza en Asturias a poco que pudiesen).
No obstante este principio imperativo de la institución pública, no ha tenido siempre la rigidez y la contundencia pragmática en los fines que se perseguían alcanzar. ¡Con el jabalí se toparon! En aquel tiempo esta especie de natalidad tan prolífica, iniciaba un tímido avance demográfico. Ocurrió sin embargo, como es bien sabido por todo el mundo, que el número de efectivos de este cerdo salvaje, por los motivos que hayan sido, tuvo un crecimiento exponencial, consolidado en el tiempo actual, nunca antes visto en la naturaleza. Hoy en lugares muy concretos de nuestra geografía asturiana son una pesadilla para los lugareños, casi tiene la categoría de plaga, no obstante las numerosas extracciones que se hacen por medios tradicionales de caza de sus individuos y a pesar de darse esta circunstancia, no se produce un retroceso gradual de sus ejemplares.
Desbordada la administración autonómica asturiana, responsable de los daños que produce el jabalí en los cultivos ubicados en la superficie de la la zona de seguridad, ante la magnitud de los mismos, en flagrante alteración de la norma, obligada por las circunstancias, haciendo uso de su poder legislativo, movida siempre a criterio de sus propios intereses, como medida redentora hacia sus presupuestos, no tuvo “empacho” en efectuar un giro de 180º en su inicial postura y reconsiderar un nuevo ordenamiento cinegético de estas zonas. Con estos decretos caía en desuso su propia tesis.
En este sentido, me referiré como ejemplo, a lo sucedido en el concejo ovetense. En un principio, allá por año 1991, cuando en este término municipal la actividad cinegética, en cualquiera de sus modalidades, quedaba prohibida a todos los efectos. Habían exagerado las causas de tales decisiones, entiendo yo, que viví “in situ” al igual que otros compañeros aquellos aconteceres y por tanto creo tener suficiente conocimiento de causa. Que no había razones del todo objetivas para adoptar aquellas partidistas, inoportunas e ineficaces medidas restrictivas, en cuanto a terrenos de caza se refiere, por la entonces administración, era una cuestión que caía por su propia base. Oviedo es un municipio lo suficientemente extenso, con terrenos apropiados en donde practicar la caza guardando las distancias de rigor exigidas y las medidas de seguridad.
De todas las formas, algo que les permitía disculparse con argumentos, más o menos válidos, fueron puestos en vigor. Aducían aquellos responsables, agarrándose a un clavo ardiendo para obtener mayor credibilidad de su negativa obsesión contraria a la caza, que en el concejo de Oviedo no estaba registrada ninguna sociedad local de caza, hecho cierto: sigue sin haberla. Es el único concejo asturiano que no la tiene, cuestión determinante, que imposibilitaba por aquel entonces que sobre la superficie territorial del municipio se constituyese un coto de caza, puesto que no había receptor de estos terrenos que pudiese gestionarlos. No eran esos todos los motivos de tan cerrada actitud.
Lejos estaba la administración de saber que la expansión demográfica de esta especie sería el acicate que les haría mover ficha, recomponer su postura y ceder ante la evidencia de unos hechos. No les ha quedado más remedio que desclasificar terrenos protegidos ante el inusual avance en número de individuos de este animal, convertido en un problema creciente (por los cuantiosos daños que produce al agricultor) al que había que ponerle freno y coto. En evitación de males mayores para el organismo público, referidos a los fuertes desembolsos económicos, vía indemnizaciones a perjudicados, y con el fin de evitar estas cargas tan pesadas de soportar en los presupuestos, se optó por una solución tolerante.
De forma gradual, parte de los terrenos prohibidos fueron abiertos a expectativas venatorias. Se contradecía el Principado en los argumentos empleados en su primer ciclo normativo. Contrariamente a sus iniciales creencias, la acción de cazar ya no tenía el plus de peligrosidad que se le suponía y todo debido a la altísima densidad de este suido, caso curioso Serían las sociedades locales de cazadores (supuestamente obligadas bajo presión a tener que aceptar esta imposición) una vez cumplido el trámite de adjudicación de estos terrenos, las encargadas de gestionar la caza en los mismos. Con las maniobras de integración de estos terrenos cinegéticos de régimen especial hacia cotos regionales colindantes, se cerraba un círculo, quedando en un término secundario el problema derivado de la probable falta de seguridad en estas zonas. Lo importante, se había salvado, cual es, evadirse la Consejería de un problema monetario acuciante, haciendo traslado del mismo a las sociedades locales de cazadores. La presumible inseguridad que ofrecía la caza para las personas y cosas, ya no era un peligro latente en ciertas áreas de las zonas de seguridad. Qué duda cabe que la necesidad obliga a ser más consecuente y objetivar prioridades.
