Por
mucho que se empeñen en proclamar leyes con la idea autoritaria de
una involución para la caza, no les quedará mas remedio que
encontrarle un sitio, o hueco que no le impida desarrollarse tal y
como la conocemos. La caza, en la actualidad, es un factor de
decisión electoral que se ha convertido en un elemento básico para
cualquier grupo de la cláse política que haya obtenido la
confianza del gremio de cazadores, puesto que supone una baza muy
importante de cara al resultado final de unos comicios electorales.
Resulta
normal que, 800.000 cazadores españoles, bien secundados por los
miembros de nuestra unidad familiar, lo cual eleva sustancialmente
a conveniencia la cifra de votantes, sintamos la necesidad de
reaccionar con contundecia informativa y de acciones reivindicativas
en perfecta cohesión, ante la estrategias de acoso y derribo
emprendidas contra una actividad con rasgo de identidad esencial.
En este sentido, alguien con mando relevante en plaza, ha evaluado de
manera interesada el mensaje que le hemos enviado los cazadores en
nuestra última macromanifestación y, ante el riesgo previsible de
sufrir un impacto negativo en la captación de votos, que le pudiera
asomar al precipicio, haya advertido, en propio provecho, que ese
proceso encubierto de desmontaje del vigente ordenamiento cinegético
español que supone la Ley de Defensa y Bienestar Animal, está mal
hecho, exigiendo, al parecer, a los autores del desatino legislativo
en cuestión, correcciónes en el texto, que minimicen daños a la
caza. Y, es que, con los votos que dan de comer, no se juega.
Una
España con caza es algo consustancial con su propio ser.
Ilegalizarla, sin razones obvias que lo determinen, es de pleno, una
auténtica irresponsabilidad: traería consecuencias no deseadas para
la economía en general, de afectacion directa al mundo rural y para
la sostenibilidad de las especies silvestres. Los ideólogos y
ejecutores del bodrio en cuestión, ante la imposibilidad de
declarar el fin de la caza, se han decantado pòr manejar, como
táctica, la opción maliciosa de incluir en el texto de la Ley,
objecciones penales de grado superior a las anteriores, para que
actúen en formación intimidatoria, a fín de causar desasosiego e
incertidumbre en el cazador, que le motiven abandonar.
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